Culiacán, Sin.-El intento de frenar judicialmente la reingeniería financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) sufrió un revés. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito resolvió como fundado el recurso de queja 28/2026 promovido por la institución y revocó la suspensión provisional que beneficiaba a un grupo de jubilados inconformes con los descuentos aplicados a sus percepciones.
Se trata de poco más de 100 jubilados que promovieron amparos argumentando que la universidad realizaba descuentos arbitrarios, sin procedimiento previo, afectando su salario. Bajo esa narrativa, algunos jueces de Distrito admitieron las demandas y concedieron suspensiones provisionales para que la UAS se abstuviera de aplicar la reingeniería mientras se resolvía el fondo del asunto.
Sin embargo, la Universidad impugnó dichas determinaciones mediante recurso de queja. El Tribunal Colegiado no solo revocó la suspensión, sino que estableció que no se cumplían los requisitos legales para concederla.
Las dos razones del revés
La resolución sostiene, en primer término, que los descuentos no fueron arbitrarios, pues —según quedó acreditado— derivan de un procedimiento laboral sustentado en la Ley Federal del Trabajo y en reformas al Contrato Colectivo de Trabajo tramitadas ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
En segundo lugar, el Tribunal consideró que mantener la suspensión afectaría el interés social y el orden público, al comprometer las finanzas de la universidad y, con ello, el servicio esencial de educación superior que presta a miles de estudiantes sinaloenses.
El fallo es contundente:
“Lo procedente es revocar al quejoso la suspensión en su momento decretada (…) y negar la suspensión provisional solicitada”.
Asimismo, se precisa que la medida no pone en riesgo la subsistencia de los quejosos, ya que continúan percibiendo su pensión y, en caso de que eventualmente obtuvieran sentencia favorable, los descuentos podrían ser reintegrados.
Un conflicto que apenas comienza
Aunque la suspensión fue revocada, el juicio de amparo aún no se resuelve en el fondo. Es decir, todavía falta determinar si la reingeniería financiera vulnera o no derechos constitucionales.
No obstante, el mensaje del Tribunal envía una señal clara: la discusión no puede limitarse a una narrativa de “descuento arbitrario” si existe un procedimiento laboral formal detrás, y tampoco puede ignorarse el impacto colectivo que tendría una medida cautelar sobre las finanzas universitarias.
El caso revela el delicado equilibrio entre los derechos individuales de jubilados y la viabilidad financiera de una institución pública que atraviesa tensiones estructurales. Mientras los trabajadores reclaman certeza y respeto a sus percepciones, la Universidad argumenta sostenibilidad y supervivencia presupuestal.
Por ahora, el Poder Judicial se inclinó por proteger la estabilidad financiera institucional sobre la suspensión cautelar solicitada por los inconformes. El desenlace definitivo aún está por escribirse.