Ciudad de México.— En medio de un escenario que mezcla operaciones contra el narcotráfico, versiones encontradas y tensión diplomática, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en un operativo en la sierra de Chihuahua sin tener conocimiento de la presencia de agentes extranjeros en el terreno.
La revelación no es menor. Desde Palacio Nacional, la mandataria dejó claro que la intervención militar mexicana se dio dentro de los protocolos habituales contra laboratorios clandestinos, pero sin coordinación ni aviso sobre la participación de ciudadanos estadounidenses, lo que abre una grieta en los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
El caso tomó fuerza tras el accidente aéreo registrado en la zona serrana, donde perdieron la vida dos estadounidenses y dos mexicanos que formaban parte de las acciones posteriores al operativo. A partir de ese momento, comenzaron a surgir versiones sobre la presencia de personal extranjero más allá de labores técnicas o de capacitación, lo que encendió alertas en el gabinete federal.
Sheinbaum fue directa: la Secretaría de la Defensa Nacional no tenía conocimiento de que hubiera agentes de otro país participando en campo. La afirmación, más que cerrar el tema, lo amplía. Implica que hubo una falla de comunicación —o una omisión deliberada— que dejó fuera al gobierno federal de información clave en una operación de alto riesgo.
En el trasfondo, el señalamiento apunta hacia autoridades locales de Chihuahua, encabezadas por la gobernadora Maru Campos, con quienes ya se ha iniciado contacto para esclarecer cómo se autorizó o permitió la presencia de extranjeros en una acción de seguridad dentro del territorio nacional.
El punto crítico, según lo expuesto por la Presidencia, no es la cooperación con Estados Unidos —que existe y se mantiene— sino los límites de esa colaboración. En México, la ley establece que cualquier intervención de agentes extranjeros debe estar regulada, informada y supervisada por instancias federales. Actuar fuera de ese marco no solo rompe los acuerdos, sino que puede constituir una violación a la soberanía.
Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya emitió una nota diplomática dirigida al embajador estadounidense Ronald Johnson, en la que solicita información detallada sobre quiénes eran los agentes, bajo qué պայման operaban y cuál era exactamente su función durante el despliegue.
Mientras tanto, el caso se convierte en un foco de presión política y mediática. No solo por las muertes derivadas del accidente, sino por lo que revela: una operación donde participaron fuerzas mexicanas sin conocimiento pleno de todos los actores involucrados.
En un país marcado por la compleja relación con agencias de seguridad extranjeras, el episodio vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién controla realmente las operaciones en territorio mexicano cuando la cooperación internacional entra en juego?
Redacción/LaPared