NUEVA YORK. – El eco de un mazo judicial en una corte de Manhattan ha provocado un terremoto político en el noroeste de México. El Gobierno de los Estados Unidos, a través del Fiscal Jay Clayton y la DEA, ha desprecintado una acusación que no solo señala a criminales de carrera, sino que decapita simbólicamente al Gobierno de Sinaloa.
El documento es demoledor: el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve de sus colaboradores más cercanos han sido imputados por conspirar para inundar de fentanilo y muerte las calles estadounidenses a cambio de poder y maletas de dinero.
La crónica de esta supuesta traición institucional comienza, según el Departamento de Justicia, en la misma campaña electoral de 2021. La acusación sostiene que la llegada de Rocha Moya al Palacio de Gobierno no fue obra exclusiva de las urnas, sino del terror sembrado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El documento afirma que “Los Chapitos” pavimentaron el triunfo del actual gobernador mediante el secuestro y la intimidación sistemática de sus adversarios políticos. Una vez en el poder, la oficina del gobernador se habría convertido, presuntamente, en un centro de gestión para el Cártel de Sinaloa, donde se pactaba la protección de rutas y laboratorios de droga en reuniones directas entre el mandatario y los capos.
Pero la red de complicidad no termina en la oficina del gobernador. El desglose de la fiscalía estadounidense revela un sistema de “nómina criminal” que alcanzaba los niveles más altos de la justicia sinaloense. Se detalla cómo funcionarios de la talla del Vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra recibían pagos mensuales de 11,000 dólares para actuar como informantes del cártel, filtrando datos sensibles sobre operativos respaldados por Estados Unidos y garantizando que los líderes de la organización permanecieran siempre un paso por delante de la ley.
La parte más cruenta de esta crónica judicial se escribe con la sangre de quienes intentaron colaborar con la justicia. El documento señala directamente a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, un mando de la policía municipal de Culiacán, como el responsable de usar la fuerza pública para cazar a enemigos del cártel.
El caso que ha indignado a Washington es el secuestro, tortura y ejecución de una fuente confidencial de la DEA y su familiar en octubre de 2023, un crimen operado presuntamente con recursos oficiales bajo las órdenes de “Los Chapitos”.
La lista de los diez señalados —que incluye al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al Secretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y al exsecretario Enrique Inzunza Cázarez— representa para la DEA una “narco-administración” completa. Según las autoridades estadounidenses, estos funcionarios no solo aceptaron sobornos, sino que dirigieron activamente a la Policía Estatal y a la Policía de Investigación para custodiar cargamentos de fentanilo, metanfetamina y cocaína que atravesaron la frontera hacia comunidades estadounidenses.
El Fiscal Jay Clayton ha sido tajante al declarar que ninguna posición oficial, por más alta que sea, servirá de escudo contra la justicia de los Estados Unidos. Con este golpe, Washington envía un mensaje de tolerancia cero: para la administración estadounidense, el gobierno de Sinaloa ha dejado de ser un interlocutor institucional para convertirse en un objetivo criminal. Mientras los diez acusados permanecen en México, el proceso judicial en Nueva York ya está en marcha, con una amenaza latente de cadena perpetua para quienes, según la acusación, vendieron la soberanía de su estado al servicio del narcotráfico.
Redacción/LaPared