Culiacán, Sin.-Fiscalía General del Estado (FGE) no logró proteger a estas familias cuando fueron obligadas a huir de sus comunidades en la sierra por la violencia armada.
Sin embargo, la noche de este lunes sí actuó con rapidez para desalojarlas de un predio ubicado al norte de Culiacán, en un operativo que dejó a más de 300 personas —entre ellas niñas, niños, mujeres y adultos mayores— nuevamente sin un lugar donde pasar la noche.
El desalojo se llevó a cabo en terrenos colindantes al fraccionamiento Montesierra, en el Ejido Gabriel Leyva, donde desde hace semanas se habían asentado familias desplazadas principalmente de comunidades serranas como La Vainilla, en el municipio de Badiraguato. Muchas llegaron a la capital con lo poco que pudieron rescatar tras huir de grupos armados que tomaron control de sus localidades.
De la sierra al desamparo urbano
“Allá me dieron dos horas para salirme de mi casa. Aquí ni eso me dieron”, relató un hombre de la tercera edad, originario de La Vainilla, mientras observaba cómo elementos de la Policía de Investigación aseguraban el terreno y les pedían abandonar el lugar.
Las familias desplazadas señalaron que nunca recibieron atención integral por parte de autoridades estatales o municipales, pese a que desde 2021 Sinaloa cuenta con una Ley de Desplazamiento Forzado que obliga al Estado a garantizar refugio, alimentación, seguridad y acompañamiento a personas en esta condición de vulnerabilidad.
“Salimos por miedo, no por gusto. Dejamos casas, animales, tierras. Y ahora ni siquiera aquí nos quieren”, expresó una mujer desplazada que viajaba con sus hijos menores de edad.
Operativo nocturno y sin alternativas
El operativo se realizó durante la noche, sin que previamente se les ofreciera a las familias un espacio alterno, albergues temporales o un plan de atención emergente. En el lugar había menores de edad, personas enfermas y adultos mayores, quienes quedaron a la deriva tras el aseguramiento del predio.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han advertido que este tipo de acciones constituyen una forma de revictimización, al tratarse de personas que ya fueron expulsadas de sus hogares por la violencia criminal.
Justicia rápida para un predio
La Fiscalía General del Estado informó que el desalojo derivó de una carpeta de investigación iniciada por el delito de despojo agravado, tras una denuncia presentada por una persona moral propietaria de los terrenos.
De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos denunciados ocurrieron el 14 de noviembre de 2025, cuando un grupo de personas habría invadido los predios sin consentimiento del propietario, delimitando lotes de manera irregular.
Tras realizar inspecciones oculares, dictámenes periciales y revisar las claves catastrales, el Ministerio Público determinó proceder al aseguramiento del inmueble conforme a la ley penal.
En el operativo participaron elementos de la Policía de Investigación, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Policía Estatal Preventiva.
El delito que no se investiga
Mientras la Fiscalía actuó con celeridad para integrar y ejecutar una carpeta por despojo, el desplazamiento forzado —tipificado como delito en el Código Penal de Sinaloa— no ha sido investigado de oficio, pese a que el fenómeno se ha intensificado con los conflictos entre grupos del crimen organizado en la sierra del estado.
Hasta el momento, no se ha informado de carpetas judicializadas por este delito, ni de personas detenidas por provocar el desplazamiento masivo de comunidades enteras.
La ley que no llega
La Ley de Desplazamiento Forzado establece que el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y diversas dependencias tienen la obligación de coordinar acciones para proteger a las víctimas, garantizarles condiciones mínimas de vida y evitar nuevas afectaciones.
Sin embargo, para las familias desalojadas en Montesierra, la ley no se materializó en refugio, ni en alimentos, ni en seguridad.
Al cierre de esta edición, las más de 300 personas desalojadas no tenían un lugar definido donde dormir ni una respuesta clara de las autoridades sobre su reubicación. La pregunta sigue sin respuesta: ¿quién protege a quienes ya lo perdieron todo?