En Sinaloa, el Gobierno no se ejerce, se factura. Lo que el expediente USA v. Rubén Rocha Moya y otros pone sobre la mesa no es un relato de buenos contra malos, sino el manual de operaciones de una empresa mixta donde el logo del Estado y el sello de “La Chapiza” se volvieron la misma cosa. Las 34 páginas de la acusación en Nueva York describen un engranaje de precisión suiza: una maquinaria donde los votos se consiguen con fusiles, las leyes se compran con rentas mensuales y los funcionarios no son servidores públicos, sino activos fijos en el balance contable del Cártel.
Aquí no hay política, hay logística. Es la historia de cómo una estructura de mando fue diseñada en la sombra para que el poder político sirviera de escudo, mientras el dinero del narco servía de motor.

El Pacto de la Silla

Culiacán, Sin.- Antes de colgarse la banda, hubo que sentarse con los dueños del terreno. A principios de 2021, según la acusación, Rubén Rocha Moya se reunió con Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán. No fue una charla de café; fue un pacto de caballeros custodiado por ametralladoras.
El trato era sencillo: los Chapitos ponían la fuerza para “limpiar” la elección y Rocha ponía el Estado a su disposición. Y cumplieron. Mientras las urnas se llenaban con miedo, Enrique Díaz Vega —el hombre de las finanzas— hacía de enlace, entregando nombres y domicilios de los contrincantes para que los punteros les cayeran a su casa. El mensaje era claro: o te bajas o te bajamos.

La Renta de la Impunidad: El rastro de las listas

Una vez instalado en el tercer piso, la maquinaria se aceitó con los “verdes”. El expediente dice que se repartieron millones de dólares, pero la verdadera suciedad está en el goteo mensual: la renta fija por dejar hacer y dejar pasar. Lo que le da fuerza a esta acusación no son solo testimonios, sino las pruebas físicas descritas a partir de la página 15 del expediente: listas de nómina recuperadas donde nombres y cargos aparecen circulados en rojo, detallando los “sueldos” de la traición.

En la Fiscalía, el juego lo llevaba Dámaso Castro Saavedra. Bajo el alias de “Culiacán Regio”, el Vicefiscal cobraba $200,000 pesos mensuales. Su chamba era ser los ojos del Cártel en la justicia: si la DEA planeaba un “reventón” a un laboratorio, Dámaso soltaba el pitazo antes de que los federales siquiera encendieran las camionetas.

El Brazo Armado con Placa

En la Policía de Investigación, el control tenía precio de lista.

Marco Antonio Almanza Avilés, el famoso “R-1”, se llevaba $300,000 pesos cada mes. No era gratis; él garantizaba que los precursores de fentanilo cruzaran el estado sin que nadie les tosiera, y solo firmaba órdenes de aprehensión contra los “contras” de la organización.
A su lado, Alberto Jorge Contreras Núñez, “El Cholo”, operaba la puerta giratoria: si caía un pesado de la plebada, él se encargaba de que saliera antes de que el sol se ocultara.

El Vigilante y el Reclutador

En la Secretaría de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez ponía los ojos del estado al servicio del patrón, usando el monitoreo para cuidar las rutas de la mercancía.
Mientras tanto, José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, recibía sus $100,000 mensuales por una tarea clave: el “outsourcing” de la corrupción. Su labor era sembrar a policías ya comprados en los mandos operativos para que el estado siempre estuviera alineado.

Culiacán: La Entrega Total

Pero en las calles de la capital, el descaro fue absoluto. Con el aval de Juan de Dios Gámez Mendívil, la municipal se volvió un brazo más de la plebada.
Ahí mandaba Juan Valenzuela Millán, “Juanito”. El expediente es crudo: cobraba $30,000 pesos para él, pero manejaba la nómina de más de 40 oficiales bajo su mando. Bajo sus órdenes, la policía ya no servía para cuidar, sino para “entregar”. Fue su gente la que ayudó a levantar al informante de la DEA Alexander Meza León y a sus familiares; lo que siguió después —tortura y muerte— es la firma de la casa.

 El Final de la Ficción

No hay caos en Sinaloa; hay una estructura contable que queda al descubierto entre las imágenes y anexos que van de la página 11 a la 25 del documento.
Arriba, Enrique Inzunza Cázares y Rocha moviendo el tablero político entre fajos de billetes. En medio, los secretarios y fiscales vendiendo la ley al mejor postor. Abajo, los comandantes como “Juanito” o “Tornado” operando la calle con sueldos que iban de los 30 mil a los 300 mil pesos.
El expediente cierra con una sentencia de realidad que no deja espacio a la duda: el Cártel no solo compró protección, compró el futuro de Sinaloa. Según la acusación, cada nombramiento y cada peso entregado tenía un solo objetivo: transformar el epicentro geográfico del narcotráfico en un refugio inexpugnable.

Al final, las 34 páginas no cuentan una historia de policías y ladrones, sino la crónica de un Estado que se quitó la placa para ponerse el chaleco del patrón. El poder en Sinaloa ya tenía dueño mucho antes de que se abrieran las urnas.

 

Nómina de la Impunidad (Pagos Mensuales)

 

• Dámaso Castro Saavedra (Vicefiscal General de Sinaloa)

• Alias en lista: “Culiacán Regio”

• Monto: $200,000 pesos ($10,893 USD aprox.)

• Acusación: Filtrar operativos e investigaciones a cambio de renta fija.

• Marco Antonio Almanza Avilés (ex Jefe de la Policía de Investigación)

• Alias en lista: “R-1”

• Monto: $300,000 pesos ($16,670 USD aprox.)

• Acusación: Facilitar el tráfico de precursores de fentanilo y protección judicial.

• José Antonio Dionisio Hipólito (ex Subdirector de la Policía Estatal)

• Alias en lista: “Tornado”

• Monto: $100,000 pesos ($5,450 USD aprox.)

• Acusación: Gestionar el “outsourcing” de mandos policiales leales al cártel.

• Juan Valenzuela Millán (Comandante de la Policía Municipal de Culiacán)

• Alias en lista: “Juanito”

• Monto: $30,000 pesos (más una partida presupuestal para 40 oficiales bajo su mando).

• Acusación: Uso de recursos oficiales para secuestros y ejecuciones por orden del cártel.

Funcionarios de Alto Nivel (Beneficios de Millones de Dólares)

En el caso de los siguientes acusados, el expediente no detalla una “mensualidad” específica en las listas de nómina operativa, sino que los vincula directamente a la recepción de millones de dólares y apoyo logístico-electoral para el control del Estado:

• Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa): Acusado de conspiración para la importación de narcóticos y de pactar la entrega del estado a cambio de su elección.

• Enrique Inzunza Cázarez (Senador / ex Secretario de Gobierno): Señalado como el estratega político del pacto y coordinador de los planes de protección estatal.

• Enrique Díaz Vega (ex Secretario de Administración y Finanzas): Acusado de ser el enlace financiero y proporcionar inteligencia (datos de opositores) para ser amedrentados por el cártel.

• Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán): Acusado de poner a disposición del cártel la infraestructura y seguridad de la capital.

• Gerardo Mérida Sánchez (ex Secretario de Seguridad Pública): Señalado por utilizar los sistemas de vigilancia estatal para dar pitazos sobre movimientos de fuerzas federales.

• Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo” (ex Jefe de Policía de Investigación): Acusado de operar la liberación inmediata de miembros del cártel detenidos.

Estos datos se desprenden de las pruebas físicas integradas en el expediente, específicamente de las capturas de pantalla y documentos que van de la página 11 a la 25 de la acusación formal.

Por Redacción/LaPared