Culiacán, Sin.- La mañana del 23 de enero de 2026 no comenzó en la mina. Diez trabajadores de la empresa Vizsla Silver Corp se dirigían al proyecto minero en el municipio de Concordia, Sinaloa, pero nunca llegaron. En el trayecto, mientras se encontraban hospedados en una vivienda antes de iniciar su jornada laboral, un grupo armado los privó de la libertad.
Desde ese momento, la búsqueda se volvió una constante para sus familias.
Ingenieros, personal técnico y de seguridad desaparecieron sin dejar rastro. No fue un accidente ni un extravío: fue una irrupción violenta que interrumpió el curso normal de una jornada de trabajo.
El sitio al que se dirigían quedó intacto; ellos no alcanzaron a llegar.
Con el paso de los días, las autoridades informaron sobre operativos de búsqueda, cateos y algunas detenciones relacionadas con la investigación. También se confirmó el hallazgo de pertenencias de los trabajadores, como identificaciones oficiales, teléfonos celulares y objetos personales, lo que permitió establecer que estuvieron en el lugar previo a su desaparición.
Sin embargo, para las familias, la información ha sido insuficiente y, sobre todo, indirecta. Denuncian que los datos sobre el caso les llegan a través de comunicados públicos o notas informativas, no mediante una comunicación institucional directa, clara y constante.
La incertidumbre se ha vuelto parte de la vida diaria. Hay hogares en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Sinaloa y el Estado de México donde la espera no termina. Las familias han asumido la búsqueda también desde lo social: comparten fichas de búsqueda, solicitan apoyo ciudadano y se niegan a permitir que el caso se diluya en el silencio.
Insisten en que no se trata de números ni de expedientes. Son trabajadores que salieron rumbo a su empleo y no regresaron. Son padres, hijos y hermanos cuya ausencia sigue pesando todos los días.
Este día, el gobernador de Sinaloa declaró que existen avances en la investigación sobre la desaparición de los diez mineros, aunque no precisó en qué consisten ni qué resultados concretos han derivado de ellos. Para las familias, estas declaraciones mantienen viva la esperanza, pero también refuerzan una exigencia que no ha cambiado desde el inicio: que cualquier avance sea informado directamente a quienes llevan más de 12 días esperando respuestas.
Mientras eso no ocurra, la búsqueda continúa.
Y la exigencia permanece: información, verdad y justicia