Washington / Rosarito, Baja California.- Una acusación es como una alarma encendida en la frontera: retumba de un lado al otro y obliga a mirar de frente a lo que se había esquivado. Este 26 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra René Arzate García, alias “La Rana”, a quien señala como uno de los operadores clave de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa con presencia dominante en Baja California. Su hermano, Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, también forma parte de esa acusación, y por ambos se ofrecen recompensas de hasta 5 millones de dólares si alguien aporta información que lleve a su captura o condena. 
Según las autoridades estadounidenses, “La Rana” ha sido un personaje central en el control de rutas y el tráfico de drogas que cruzan desde Tijuana hasta el sur de California, especialmente fentanilo, metanfetamina y marihuana, y su alcance, afirman, va más allá de los envíos: lo ubican como un ejecutor que ha fortalecido su capacidad criminal desde que se volvió objetivo de la justicia estadounidense en 2014 por narcotráfico. 
Acompañando al anuncio de la acusación, el Departamento de Estado de EU, a través del Programa de Recompensas contra Narcóticos, destacó que los hermanos Arzate no son solo fugitivos, sino piezas importantes dentro de la estructura delictiva que amenaza tanto a la sociedad estadounidense como a la seguridad regional en el noroeste de México. 
🧑✈️ Perfiles clave: quiénes son los señalados
“La Rana” – René Arzate García
Considerado por Washington como uno de los operadores criminales más activos en Baja California, “La Rana” ha sido señalado como cabeza de plaza en Tijuana y sus alrededores, coordinando movimientos de drogas de alto impacto hacia Estados Unidos y supervisando redes que involucran tráfico, lavado de dinero y apoyo a células armadas. La acusación americana lo describe como uno de los ejecutores más prolíficos de su facción dentro del Cártel de Sinaloa. 
“El Aquiles” – Alfonso Arzate García
Hermano de “La Rana” y pieza operativa dentro de la misma red, Alfonso ha sido incluido junto con René en la acusación por cargos similares. Los Arzate han sido identificados como responsables de mantener plazas estratégicas para el trasiego de drogas a través de corredores fronterizos críticos. 
“El Ruso” – Juan José Ponce Félix
Aunque no era el centro de este anuncio, el gobierno estadounidense también ofrece recompensas similares por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, señalado como líder del brazo armado de Los Mayos y pieza clave en la logística violenta que acompaña al tráfico de drogas, extorsión y enfrentamientos con grupos rivales por el control territorial en la región. 
Política y crimen: la diputada en la mira
En una de las partes más contundentes del anuncio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo en la red de personas vinculadas a Los Mayos. Brown, legisladora por Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito, ha sido señalada por EU no como parte de un proceso penal dentro de México, sino como integrante de una estructura de soporte criminal que habría facilitado la operación del grupo en esa jurisdicción costera. 
De acuerdo con documentos de OFAC, intermediarios políticos y empresarios cercanos a los Arzate habrían trabajado con operadores como Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí para corromper y ejercer control real sobre el gobierno municipal de Rosarito, especialmente durante el periodo en el que Brown fue alcaldesa. Esa influencia, según la versión estadounidense, habría servido para garantizar protección y apoyo a las operaciones delictivas en esa plaza estratégica para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. 
La diputada Brown ha rechazado enérgicamente los señalamientos, calificándolos de “infamia” y afirmando que no ha recibido notificación oficial de cargos o sanciones que afecten su situación legal en México, manteniendo que cualquier intento de vincularla con actividades criminales carece de fundamento. 
Desde el gobierno mexicano, la administración actual ha señalado que no existen indicios oficiales que vinculen a Brown con actividades delictivas, y ha distinguido las medidas de EU como de carácter administrativo y preventivo, sin implicar una acusación penal específica dentro del territorio nacional. 
Rosarito y el tablero del crimen
Las acusaciones contra Los Mayos y los señalamientos políticos no ocurren en abstracto: Rosarito y sus alrededores son considerados corredores estratégicos para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, dada su cercanía con California y la red de carreteras que facilita el paso de mercancías ilegales. Las sanciones de EU también incluyeron a empresarios locales señalados de lavado de dinero a través de establecimientos como clubes nocturnos y restaurantes, utilizados para integrar capitales ilícitos dentro del sistema financiero y así respaldar operaciones criminales. 
Estas acusaciones se dan en un contexto en el que Los Mayos han disputado plazas y corredores con otras células del Cártel de Sinaloa, en particular en el norte del país, profundizando la violencia y consolidando estructuras que buscan mantener el control de rutas que generan enormes ganancias. 
Cacería internacional, consecuencias locales
La recompensa de hasta 5 millones de dólares por la captura de cada uno de los hermanos Arzate pone en evidencia la prioridad que Estados Unidos otorga a desmantelar redes que alimentan la crisis de drogas en su territorio y que, desde México, mueven fentanilo y otras sustancias de alto impacto. Pero además, con los actores señalados —tanto en lo criminal como en lo político— este movimiento deja claro que la lucha contra el crimen organizado ha trascendido las fronteras jurídicas: es una guerra de inteligencia, finanzas y política. 
Mientras las autoridades buscan restar fuerza a Los Mayos, en Rosarito y en toda la franja fronteriza la batalla por el control de rutas, plazas y recursos continúa, y las repercusiones de esta acusación podrían sentirse tanto en la seguridad pública como en la arena política mexicana.
Redacción La Pared