Culiacán, Sin.-Por mayoría, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Sinaloa, dejando fuera la posibilidad de la difusión de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
Era el artículo 95, fracción VIII, el que hablaba de que uno de los datos públicos sería la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, sin embargo, éste fue eliminado y en su lugar se cambió por el que señala la Ley General en materia general, que deja al libre albedrío de los servidores públicos hacer o no pública esta información personal.
Carmen Romanillo, diputada del PRD, criticó que esta ley aprobada este martes le queda deber a la sociedad sinaloense, pues consideró que muy forzadamente se armonizó conforme a la federal.
“La sociedad parece condenada a la acumulación de fortunas al amparo del servicio público”, señaló desde la Tribuna. Por ello, dijo, no estaba dispuesta a legitimizar “una parodia”.
“Me lavo las manos”, sostuvo.
En cambio la diputada del PRI y presidenta de la Comisión Especial de Transparencia, Guadalupe Díaz, aseguró que esta iniciativa que se aprobó contempla numerosos avances más allá de la que el Ejecutivo había enviado a la cámara local.
Fue el diputado del PRI, Freddy Montoya, quien puso la reserva de la fracción VIII del artículo 95 para cambiar el asunto de las declaraciones patrimoniales, y así impedir que éstas sean difundidas de manera pública sin que medie permiso de los funcionarios.
“Dado que las leyes de combate a la corrupción están en análisis y por tal motivo debemos esperar”, manifestó al realizar la reserva de esta fracción de la Ley.
La coordinadora del PAN, Laura Galván Uzeta, hizo una serie de propuestas para ciudadanizar más la ley, en el sentido de incluir por ejemplo el espíritu de la llamada “Ley3de3” que incluye la declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal, pero esta propuesta no prosperó y fue rechazada por la mayoría.
Sobre el tema, el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez, sostuvo el mismo argumento que Freddy Montoya, pues manifestó que el Congreso quiere esperar a que la normatividad federal sea cambiada para poder proceder en la entidad.
Este 5 de mayo próximo esta nueva ley debe entrar en vigor de acuerdo con la disposición federal.
Martín Durán