San Luis Potosí.- Frente a la presión ciudadana y la inminente intervención de la Suprema Corte, el Congreso de San Luis Potosí tuvo que echar marcha atrás.
Con 22 votos a favor, los legisladores eliminaron los artículos del Código Penal que penalizaban el uso de inteligencia artificial, una maniobra legal que terminó convertida en la herramienta perfecta para perseguir a reporteros, activistas y voces incómodas.
La iniciativa, impulsada apenas a finales del año pasado por el diputado Héctor Serrano y cobijada por el gobernador Ricardo Gallardo, se vendió originalmente como un escudo contra la desinformación. Sin embargo, la trampa estaba en los detalles. Al dejar abiertas definiciones tan vagas como la «generación de alarma social», las autoridades le dieron forma a un garrote jurídico que no tardó en estrenarse.
En sus escasos ocho meses de vida, la norma dejó un saldo alarmante. Organizaciones como ARTICLE 19 y Perteneces A.C. registraron detenciones directas y órdenes de aprehensión contra comunicadores locales, desatando una ola de autocensura.
La gravedad fue tal que la propia CNDH terminó llevando el caso ante la SCJN para pedir su invalidez por violar libertades básicas.
La marcha atrás tampoco estuvo libre de opacidad. La sesión extraordinaria donde se votó la derogación se adelantó sorpresivamente más de una hora y el acceso al recinto se mantuvo bajo candado para manifestantes y medios.
Aun así, el fallo fue definitivo: los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter quedan fuera del mapa legal, manteniendo únicamente las sanciones contra la violencia digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
Redacción/LaPared