Culiacán, Sin.- Eran las 14:45 horas de este miércoles cuando el sonido de varios disparos interrumpió la actividad comercial en la colonia Antonio Rosales.
Minutos antes, un joven enfermero con uniforme blanco se encontraba comiendo en un negocio local. Al salir y caminar hacia la esquina de las calles Río Petatlán y Tepuche, a solo una cuadra del estadio de los Tomateros y a unos metros del Hospital Regional del IMSS, fue interceptado y atacado a balazos.
Tras el reporte al 911, elementos del Ejército Mexicano y de diversas corporaciones policiacas arribaron al lugar, donde encontraron al hombre tirado boca abajo sobre la banqueta. Los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a los múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.
La zona fue acordonada de inmediato por los militares para permitir que el personal de la Fiscalía General del Estado realizara el levantamiento de los casquillos percutidos.
Mientras los peritos trabajaban en la escena, en el sitio comenzó a difundirse de manera extraoficial la versión de que el occiso podría ser el mismo enfermero que había sido arrestado días atrás por fuerzas federales.
En días recientes, un operativo del Ejército en el Hospital Regional No. 1 derivó en la captura de Abel Elías “N”, empleado del área de Urgencias, por su presunta relación con un robo de medicamentos controlados valuado en más de 13 millones de pesos.
Sin embargo, las autoridades competentes aún no han confirmado formalmente si la persona asesinada esta tarde y el empleado bajo investigación son la misma persona.
Las razones legales que explican su posible libertad
Ante la duda colectiva de por qué una persona que supuestamente debía estar detenida se encontraba libre caminando por la calle, especialistas en materia penal señalan que el Sistema de Justicia Penal contempla vías ordinarias para que esto ocurra.
Por un lado, existe el vencimiento del plazo constitucional de 48 horas. Tras el arresto, la Fiscalía General de la República dispone de ese tiempo estricto para presentar al detenido ante un juez; si el Ministerio Público Federal determinó que necesitaba recabar más evidencias para robustecer el expediente de la red de complicidades, la ley lo obliga a liberar al sospechoso mientras la investigación continúa su curso de manera externa.
Por otro lado, el robo de insumos médicos no es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, es decir, cárcel automática.
Debido a esto, un juez de control perfectamente pudo haber dictaminado que el imputado enfrentara el proceso en libertad, imponiéndole únicamente medidas cautelares alternas como acudir a firmas periódicas o la prohibición expresa de salir de la ciudad.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y la identificación oficial por parte de sus familiares. Este paso resulta clave para que la Fiscalía estatal confirme la identidad de la víctima y determine si el homicidio está directamente ligado al desfalco millonario dentro del sector salud.
Redacción/LaPared