Ciudad de México.- Tras siete días de angustia, protestas y una intensa presión comunitaria, una recién nacida fue entregada finalmente a sus padres, integrantes de la comunidad triqui, luego de que pruebas de ADN confirmaran plenamente el parentesco familiar.
La bebé permaneció retenida en el Hospital Pediátrico Peralvillo, en la Ciudad de México, después de que las autoridades pusieran en duda el vínculo con sus padres, en un caso que provocó indignación entre integrantes de la comunidad indígena y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El conflicto comenzó cuando la madre, originaria de Oaxaca, acudió a la clínica capitalina para recibir atención médica postparto, días después de haber dado a luz en su domicilio con el acompañamiento de una partera tradicional.
Al no contar con la documentación habitual que acredita un nacimiento ocurrido dentro de una institución hospitalaria, el personal activó protocolos de sospecha ante un presunto robo de infante.
La situación derivó en la separación de la bebé de sus padres y en un prolongado proceso ante fiscalías e instancias de salud, mientras la familia enfrentaba trabas burocráticas para demostrar que la menor era su hija.
Para la comunidad triqui, lo ocurrido representa un acto de discriminación y racismo institucional, al considerar que la familia fue puesta bajo sospecha por su origen indígena y por haber recurrido a una partera tradicional para el nacimiento.
Tras conseguir la comprobación genética del parentesco, la bebé finalmente fue entregada a sus padres. La familia adelantó que presentará una denuncia formal y exigirá una disculpa pública a las autoridades involucradas.
Una historia que vuelve a poner bajo la lupa a los hospitales públicos
El caso de la bebé triqui vuelve a colocar sobre la mesa las fallas que pueden presentarse en los procesos de identificación, custodia y entrega de recién nacidos dentro de las instituciones públicas de salud.
A lo largo de los últimos años se han conocido casos de bebés intercambiados o entregados por error a familias equivocadas, como ocurrió en hospitales de distintos estados del país. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en Hermosillo, Sonora, donde una confusión en la identificación de recién nacidos evidenció las consecuencias que pueden tener las fallas en los controles hospitalarios.
A estos casos se suman denuncias por infecciones, brotes bacterianos y presuntas negligencias en hospitales públicos, donde deficiencias en higiene, vigilancia y protocolos internos han puesto en riesgo la vida de recién nacidos.
El problema no se limita a los errores médicos. También existen casos en los que las familias enfrentan obstáculos administrativos para acreditar la identidad o parentesco de sus hijos, particularmente cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad.
En el caso de la familia triqui, la controversia vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿hasta dónde pueden llegar los protocolos de seguridad sin convertirse en mecanismos que vulneren los derechos de las propias familias que buscan proteger?
La exigencia de organizaciones y comunidades indígenas es que los procedimientos de protección de menores incorporen perspectiva intercultural y eviten que las diferencias culturales, las condiciones económicas o las formas tradicionales de atención del parto se conviertan automáticamente en motivos de sospecha.
Lo ocurrido en el Hospital Pediátrico Peralvillo deja así una discusión abierta sobre la manera en que las instituciones públicas identifican, protegen y restituyen a los recién nacidos, pero también sobre la responsabilidad de evitar que los protocolos terminen convirtiéndose en una nueva forma de revictimización para las familias más vulnerables.
Redacción/LaPared