Culiacán, Sin.- En el asfalto caliente de la colonia Antonio Rosales, la delgada línea que separa la impunidad de la muerte se borró de golpe a las dos de la tarde.
Boca abajo, con la filipina blanca y los zapatos limpios de hospital manchados de un rojo espeso, quedó el cuerpo de Abel Elías Ahumada García, de 35 años. La paradoja de su destino es fría, casi cínica: apenas cinco días atrás, el viernes, las fuerzas federales le habían cerrado las esposas en las muñecas dentro del propio hospital por robar medicamento de alta especialidad; ayer martes caminaba libre tras un pacto de fianza y hoy, a las pocas horas de reincorporarse a su turno, la misma mafia que operaba el negocio le cobró la última factura a balazos sobre la calle Río Petatlán, casi esquina con la calle Tepuche, a unos metros de las canchas de tenis y a espaldas del Estadio de los Tomateros.
El muro policial y el dolor de una familia
La noticia cruzó el sector con la velocidad de una ráfaga. No pasó mucho tiempo antes de que el perímetro blindado por la policía y el Ejército Mexicano fuera alcanzado por tres figuras rotas: los padres y un hermano de Abel Elías.
Llegaron con el paso lento, arrastrando el peso de quien ya sabe el final de la historia antes de ver el cuerpo. La desesperación arreció cuando intentaron romper la fila de uniformados para tocarlo, para comprobar si aún había calor bajo la tela blanca.
Pero la policía no se movió. Se mantuvo como un muro de piedra. No los dejaron acercarse al cuerpo. Detrás del plástico amarillo de la cinta de “Prohibido el Paso”, mordiéndose la impotencia, los tres familiares tuvieron que levantar la mirada para hacer un doloroso reconocimiento visual a la distancia.
El llanto largo y seco de la madre confirmó la identidad ante los peritos, que apenas comenzaban a marcar los casquillos en el suelo.
A los pocos minutos, la banqueta empezó a poblarse de otras siluetas blancas: sus compañeros enfermeros del IMSS. Salieron del nosocomio con los rostros desencajados, guardando un silencio sepulcral. En el gremio todos conocían el trasfondo. Sabían que Abel Elías había sido capturado el pasado viernes 19 de junio a las 15:12 horas, según los registros de la ficha oficial y que tras ser llevado ante la Fiscalía Federal, la burocracia lo había devuelto a los pasillos del hospital ayer martes. Nadie imaginó que su regreso duraría un suspiro, cortado en seco cuando salió a un negocio de comida cercano y lo emboscaron.
El antecedente y el millonario negocio: El día de su arresto, el enfermero fue sorprendido intentando sacar del nosocomio cuatro cajas de Actilyse (Alteplasa). Esta sustancia es un potente fibrinolítico de alta especialidad diseñado para disolver coágulos contrarreloj; es el corazón del programa “Código Infarto” para salvar a pacientes con paros cardíacos, y se emplea también de emergencia en infartos cerebrales (EVC) o tromboembolias pulmonares.
Esta intervención federal no fue una coincidencia. Apenas unos días antes del arresto, el Ejército Mexicano y las fuerzas de seguridad federales habían comenzado a controlar de manera estricta todos los accesos del Hospital Regional Número 1. Esta medida coincidió con un reciente y hermético comunicado emitido por la delegación del IMSS Sinaloa, donde informaban sobre el reforzamiento de la vigilancia en entradas, salidas y áreas estratégicas; un movimiento táctico que hoy cobra sentido, pues las autoridades federales ya mantenían una investigación abierta ante las sospechas del saqueo hormiga en la farmacia.
Fuentes exclusivas revelaron a La Pared el control casi militar que ahora rodea a este fármaco: se resguarda bajo llave en un área restringida y su salida requiere la firma y supervisión directa del encargado de la farmacia. Mientras que el IMSS lo factura a precio de mayoreo en aproximadamente 30 mil pesos por unidad y en farmacias particulares especializadas se cotiza en unos 100 mil pesos, las mismas fuentes detallaron en exclusiva a La Pared que en los sótanos del mercado negro las ampolletas se llegan a rematar desde los 4 mil hasta los 11 mil pesos por caja; el precio final lo imponen los vendedores según la urgencia del comprador y de quién se trate. Una mina de oro y desesperación operada desde las entrañas de la institución.
Un caso que sacude: ¿Cómo obtiene su libertad para luego ser asesinado?
La muerte de Abel Elías sacude a Culiacán no solo por la sangre derramada, sino por lo que revela de un sistema donde la justicia parece una puerta giratoria. La ciudadanía y el personal médico se preguntan con amargura cómo un hombre atrapado con las manos en la masa en un delito federal dentro de su centro de trabajo puede volver a caminar por la calle de forma exprés, directo hacia el matadero.
La ley opera con la frialdad de los códigos impresos. Como el robo de fármacos no está inscrito en el catálogo de los delitos que exigen prisión preventiva oficiosa (cárcel automática) en la Constitución, Abel Elías tenía derecho a negociar su proceso en la calle.
Fuentes revelaron a La Pared los detalles económicos detrás de este beneficio: para obtener su inmediata liberación el día de ayer, el enfermero puso de su propia bolsa 50 mil pesos de fianza, mientras que el sindicato intervino de inmediato para cubrir el resto del monto total exigido por el juez de control, aceitando los engranajes legales para regresarlo de inmediato a sus labores en el hospital.
Para el joven enfermero, el cobijo de su gremio y la fianza pagada se convirtieron, sin saberlo, en una condena de muerte inmediata.
Las investigaciones
Mientras el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) levantaba el cuerpo ante los ojos desolados de su familia y la mirada fija de sus compañeros, los peritos recolectaban los casquillos de la banqueta. La Fiscalía General del Estado (FGE) abre la carpeta de investigación con una sospecha que pesa en el ambiente: la ejecución tiene el sello de la delincuencia organizada.
La red interna que trafica con la salud en el IMSS no perdonó el error; una vez que el enfermero fue descubierto por el Ejército y puso los ojos de la federación sobre el lucrativo negocio de la farmacia, la orden fue silenciarlo antes de que hablara.
Redacción/LaPared