Culiacán, Sin.- El caso del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Gerardo Mérida Sánchez, ha alcanzado las altas esferas de la justicia estadounidense y comienza a destapar un entramado que sacude la estructura política del estado.
La jueza federal Katherine Polk Failla ordenó formalmente la celebración de una conferencia inicial para el próximo 1 de junio de 2026, marcando el arranque formal del proceso judicial que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene en contra del exmando militar mexicano.
La fecha fue fijada luego de una serie de cabildeos en las bitácoras judiciales de Manhattan.
De acuerdo con informes firmados por el fiscal federal Jay Clayton, la representación del gobierno norteamericano había solicitado originalmente postergar el encuentro unos días más, una propuesta que contaba con el visto bueno de la defensa del general retirado.
Sin embargo, el Ministerio Público estadounidense dejó sobre la mesa de la jueza la plena disponibilidad de ambas partes para ajustarse a fechas posteriores durante el mes de junio en caso de que la agenda de la corte sufriera modificaciones.
Este llamado del tribunal neoyorquino no ocurre de forma aislada y confirma una pinza judicial sobre el gabinete sinaloense. Coincide de manera crítica con el proceso que ya enfrenta en el mismo suelo norteamericano Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, cuya entrega voluntaria ante las autoridades federales en Nueva York se confirmó recientemente tras un periplo internacional.
Reportes periodísticos revelan que, tras dejar su cargo en el estado, Díaz Vega buscó refugio inicial en Irlanda junto con uno de sus hijos, intentando poner distancia de los expedientes que se cocinaban en su contra.
Fue desde el viejo continente donde se operaron las negociaciones de su entrega, la cual se concretó en Manhattan apenas unas horas después de que se ejecutara la sorpresiva captura del general Mérida Sánchez en la frontera de Arizona, acorralado por el expediente federal que señala a diez exfuncionarios y políticos del estado por presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos”.
Mientras el exresponsable de las finanzas estatales —quien presuntamente utilizó su cargo público para facilitar recursos financieros a facciones criminales— permanece bajo la custodia del US Marshals Service en Nueva York, el general Mérida se alista para comparecer ante la misma corte de Manhattan.
La confluencia de ambos exfuncionarios de primer nivel coloca bajo un severo escrutinio internacional la operatividad gubernamental en Sinaloa, dejando en claro que las agencias federales de Estados Unidos mantienen un desglose profundo y sistemático que avanza sin freno sobre quienes operaron el dinero y las armas en el estado.
Redacción/LaPared