Culiacán, Sinaloa.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas en Sinaloa, además de asegurar un laboratorio clandestino y diverso armamento.
De acuerdo con el informe oficial, las acciones se realizaron durante operativos de vigilancia en los poblados de Soyatita y Pueblo de Alaya, como parte del reforzamiento de seguridad permanente en la entidad.
En el poblado de Soyatita, los elementos interceptaron a una mujer que circulaba en un vehículo sin placas de circulación. Tras realizar una inspección de seguridad, localizaron aproximadamente mil dosis de drogas sintéticas, por lo que fue detenida Karina Guadalupe “N”, quien presuntamente está relacionada con la adquisición de precursores químicos y la logística para la distribución de estas sustancias.
En una segunda acción, en Pueblo de Alaya, los agentes revisaron otro vehículo sin placas en el que viajaban tres personas identificadas como Régulo Gilberto “N”, José Jairo “N” y Jesús Geovany “N”. Durante la revisión aseguraron tres armas largas, 11 cargadores, 250 cartuchos útiles y una mochila táctica.
Las autoridades señalaron que, de acuerdo con las investigaciones, Régulo Gilberto “N” sería el líder de esta célula delictiva generadora de violencia dedicada a la producción de drogas sintéticas a gran escala en el estado.
Además, mediante reconocimientos aéreos y terrestres en las inmediaciones del poblado de El Dorado, los elementos localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino donde aseguraron dos máquinas para la elaboración de tabletas, ollas de peltre y contenedores con más de 500 litros de sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas sintéticas.
El valor estimado del producto elaborado en el sitio, en el mercado estadounidense, rondaría los 1,250 millones de dólares, según el reporte oficial.
Las cuatro personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.