Los Ángeles, California.- Como parte de la Operación “Klean Strip”, un operativo coordinado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fuerzas tácticas estatales en el Valle Central de California, autoridades federales desmantelaron dos laboratorios clandestinos utilizados para la conversión de metanfetamina a gran escala.
Las acciones, derivadas de una investigación iniciada en noviembre del año pasado, culminaron con múltiples cateos en las ciudades de Bakersfield y Visalia.
El despliegue interagencial permitió asegurar más de 2 mil 100 libras de metanfetamina cristalina, además de cientos de galones de narcótico en solución, cultivos de marihuana, armas de fuego y dinero en efectivo presuntamente procedente de actividades ilícitas.
De acuerdo con las autoridades, la red criminal utilizaba estas instalaciones clandestinas para procesar y distribuir sustancias en distintas comunidades del centro de California.
Entre los implicados procesados por la Fiscalía Federal del Distrito Este de California por el delito de conspiración para fabricar, distribuir y poseer narcóticos con intención de venta, se encuentran seis ciudadanos mexicanos.
Los acusados son José Armando López-Félix, de 29 años, originario de México y residente de Yokuts Valley; Jaciel López-Félix, de 23 años, originario de México y residente de Sanger; y Faustino Romero-León, de 50 años, también originario de México y con residencia en Sanger.
Asimismo, fueron señalados Elvis Ramírez-Beltrán, de 25 años, originario de México y residente de Porterville; Gabriel Ramírez-Beltrán, de 27 años, originario de México y con residencia en Selma; y Jesús Adrián Ríos-Ramírez, de 27 años, originario de México.
Durante el operativo también fueron detenidos otros coacusados locales presuntamente relacionados con la infraestructura y operación de los laboratorios, con vínculos en zonas como San Bernardino, Visalia, Tulare y Porterville.
Los cargos federales contemplan penas que van desde un mínimo obligatorio de 10 años de prisión hasta cadena perpetua, además de multas de hasta 10 millones de dólares, de acuerdo con la legislación estadounidense aplicable.
Las autoridades señalaron que el proceso judicial continúa en curso y recordaron que todos los acusados cuentan con el principio de presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad ante una corte.
Redacción/La Pared