Desde que fue capturado cerca de Guadalajara, en abril de 2012, el destino de Víctor Emilio Cázares Salazar, uno de los socios del cártel de Sinaloa más discretos hasta entonces, estaba marcado para rendir cuentas ante las dos cortes federales (San Diego y Nueva York) que lo reclamaban en Estados Unidos por introducir toneladas de cocaína, metanfetaminas y heroína.
Su rostro rejuvenecido por las cirugías estéticas, sus rulos sin canas y una barba crespa y oscura no fueron suficientes para evadir a los agentes de la Policía Federal que lo detuvieron cuando circulaba sin compañía en un automóvil sobre la carretera Guadalajara-Tepic. La misma DEA ya lo seguía, esa agencia que desde el 2007 logró a través de la Fiscalía Federal de San Diego acusarlo de narcotráfico bajo la denominada operación Emperador Imperial.
Víctor Emilio fue entregado por el gobierno mexicano el viernes 4 de marzo pasado, y el lunes 7 fue presentado ante el Juez, en donde se le dio lectura a la lista de cargos judiciales. El presunto capo sinaloense se declaró no culpable, y el juez lo declaró bajo custodia sin derecho a fianza. Su próxima cita en la Corte es el 3 de abril próximo, en donde como en la mayoría de los casos de narcos mexicanos, inicia el ‘estira y afloja’ para entablar un juicio.
Martín Durán
Aquel domingo de pascua de 2012, el hombre se presentó con las credenciales de Jaime González Márquez ante los agentes federales que lo detuvieron cuando circulaba sobre la carretera a la altura de la comunidad de la Venta del Astillero, cerca de Zapopan.
Según datos investigados, le gustaba la discreción y por eso hacía periódicamente los viajes solos de Culiacán a Jalisco vía terrestre, en un vehículo de lujo compacto. Con el rostro cambiado pasaba desapercibido, pero algún soplo lo hizo caer aquel día en manos de los policías de la División Antidrogas de la Federal.
Para comprobar su identidad nueva, exhibió a los agentes una credencial del Instituto Federal Electoral (IFE), con folio 1124126031348; una licencia de conducir con el número 00N0538981, expedida por el gobierno de Jalisco y dos membresías de dos tiendas departamentales, Costco y Sam´s Club.
Pero ya iban sobre él. La agencia antidrogas estadounidense le seguía los pasos y a pesar de que los federales no lo reconocieron, se lo llevaron detenido. Sobre este episodio el gobierno federal no dio a conocer nada, hasta que un mes más tarde el diario Los Ángeles Times reveló la noticia.
Por más que la defensa legal de Cázares Salazar intentó convencer a los jueces que no se trataba del capo oriundo de Mocorito, Sinaloa, sino del hombre con las credenciales falsas, las autoridades primero lo llevaron al penal de Perote, en Veracruz , y más tarde a El Altiplano, en donde estuvo más de tres años antes de ser enviado a los Estados Unidos en extradición.
Un yerno, el testigo
Desde 2007, Víctor Emilio y sus familiares, entre ellos su hermana Blanca Margarita, acusada de lavado de dinero, evadieron a las autoridades mexicanas y estadounidenses amparados por el bajo perfil al que pasaron luego de ser boletinados por las agencias de seguridad gringas.
En mayo de 2008, junto con el hijo de Joaquín Guzmán Loera, un sobrino de Emilio de nombre Arturo Meza Cázares (hijo de Blanca Margarita) fue asesinado en el estacionamiento del City Club. Cinco meses después, el 7 de octubre, un hermano del capo fue ejecutado en una cancha de volibol de la colonia Gustavo Díaz Ordaz. Tenía a su nombre varios hoteles de la ciudad.
Sin embargo, el principal testigo para enjuiciarlo en la Corte Federal de San Diego, fue su propio yerno, José Óscar del Castillo Gallardo, casado con unas de las hijas de Cázares, detenido en enero de 2007 mientras esquiaba en el gélido parque de Big Bear Lake, California.
Fue él quien comenzó a soltar información acerca de la red de distribución de drogas, que iniciaba cuando los narcóticos llegaban a territorio gringo a través de Mexicali, luego Calexico, gracias a las manos de Carlos Cuevas Junior, Charlie Cuevas, quien había sido identificado por la DEA desde 2005 como uno de los hombres que encabezaban una de las células de la red.
La droga era internada por el Condado Imperial, para pasar por San Diego hasta Los Ángeles, de donde partía en tráileres con doble fondo que alcanzaban la costa Este y esparcían la coca, la meta y la heroína en el área de Nueva York y Nueva Jersey.
De acuerdo con el expediente de extradición consultado por La Pared, Del Castillo Gallardo narró a los fiscales de San Diego que en 1999 él y su familia se mudaron a un barrio de Culiacán, en donde se las veía difícil pues era de origen humilde.
En aquel barrio culichi innominado conoció a una de las hijas de Emilio Cázares. De inmediato se enamoró de ella, y en poco tiempo planearon la boda.
De su suegro, relató Del Castillo, poco conocía en ese entonces, en el barrio se escuchaba que era narcotraficante, pero él no alcanzaba a descubrirlo plenamente.
Pero más tarde tuvo un apuro económico, por lo que recurrió a su suegro, y éste prefirió invitarlo al negocio que despuntaba. Del Castillo le dijo a su suegro que contaba con algunas amistades en Los Ángeles, que le podían ayudar a vender la droga en California. Víctor Emilio dejó participar a su joven yerno en el bisnes.
Cázares en ese tiempo –entre 2000 y 2001- tenía 40 años de edad. Años atrás, en 1995, había sido detenido en el área de Los Ángeles con porciones de cocaína, pero se trataba de pequeñas cantidades, insuficientes para refundirlo. Libre al poco tiempo, Emilio regresó a Sinaloa, en donde instaló, junto con Guadalajara, su emporio de narcotráfico.
Sin embargo, la DEA se quedó con una ficha que consigna que nació en 1961 en la comunidad de La Majada de Abajo, municipio de Mocorito, Sinaloa. Además de su media filiación, la agencia antidrogas se quedó con el registro de sus huellas digitales, que años más tarde lo delatarían.
La organización
“Mis socios y yo vendíamos la droga en Los Ángeles –se lee en la narración del yerno–, y veces me hablara para preguntar cuánta cocaína había vendido y cuánto dinero tenía para enviarle por medio de sus trabajadores. En ese tiempo dábamos el kilo de coca a 13 mil 500 dólares, y yo me quedaba con mil de ganancia.”
“Por años así trabajamos, desde entonces y hasta enero de 2007 en que fue mi arresto en Big Bear, California, mis socios y yo ayudamos a transportar de 30 a 50 kilogramos de cocaína semanal. El modo que en lo hacíamos era: la droga llegaba a la frontera con Estados Unidos, era trasladada a un taller de carrocería propiedad mía y de un socio, ahí la colocábamos en compartimentos secretos en varios vehículos rumbo a Los Ángeles”.
“Al principio eran cantidades pequeñas, más tarde aumentó a 120 kilos, y así hasta que requerimos tráileres con “clavos” especiales, y comenzamos a enviar a los dominicanos en Nueva Jersey”.
Pero en un punto del 2006, cuenta Del Castillo, la DEA comenzó a decomisarles alijos de cocaína y camiones, con un peso total de 381 kilos. Del Castillo ordenó una reunión de emergencia con sus choferes en Los Ángeles. Ahí se enteró de la confiscación de 3 millones de dólares, ganancias que venían de regreso de la Costa Este, y que eran propiedad de Cázares.
En el restaurante, los socios de la red de distribución sospecharon que alguien se estaba robando los cargamentos, porque ya habían decomisado droga, camiones y dinero, pero no habían detenido a nadie.
En una reunión posterior en donde estuvo presente Charlie Cuevas se determinó sacar del negocio a varios socios, y Emilio Cázares ordenó la creación de una empresa de camiones para continuar con el trasiego hacia Nueva York. Así siguieron trabajando, pero las confiscaciones continuaron.
Del Castillo después de ser arrestado se declaró culpable y lo sentenciaron a 188 meses de prisión, a cambio de colaborar con el gobierno.
El caso legal
Con parte de la red de California desmantelada a partir de 2007, el Departamento de Justicia echó luz a las actividades criminales de los Cázares Salazar, que involucraba el lavado de dinero a través de empresas legalmente establecidas y casas de cambio en Sinaloa.
Una vez detenido en México, los abogados de Cázares alegaron que no era la misma persona requerida por la Corte Federal de San Diego, pues se hacía pasar por un respetable agricultor y ganadero de la región de Mocorito.
En mayo de 2012, un mes después de su arresto, el síndico municipal de Pericos, Mocorito, Hermes Angulo Sandoval, le firmó una carta de recomendación. Luis Fernando Velázquez Serrano, presidente de la Asociación Ganadera Local de Badiraguato también le extendió una carta de recomendación en la misma fecha.
Ramón Alonso Santillanes García, comisario ejidal de la Majada de Abajo, Mocorito, le extendió una carta de buena conducta y de residencia. Además, también presentó documentos firmados por Bernardo Javier Riveros Acosta, funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que lo acreditaban como ejidatario en Sinaloa, y por los cuales obtuvo recursos de programas federales.
La estrategia le funcionó por un par de años, pero no esperaba que también la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York también le imputara cargos similares, sustituyendo el caso de San Diego.
Un dominicano, Blas Erners Espinal Cabrera, el hombre que recibía los cargamentos de Del Castillo, lo delató. Contra esta nueva orden de presentación los recursos legales de Víctor Emilio Cázares se agotaron. En enero de 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la PGR concedió la extradición.
Espinal Cabrera habló de más, por la sencilla razón que sufrió el secuestro de parte de los sicarios de Emilio por el extravío de cargamentos y dinero en efectivo. Incluso dijo que en 2005 acudió a Culiacán, en donde comieron en el restaurante de mariscos Los Arcos, en Las Quintas, y donde llegaron a acuerdos importantes.
En sus testimonios, el dominicano aseguró que conoció a Cázares cuando se practicó la primera cirugía en la nariz, y más tarde supo que se realizó más en el rostro y cabello. En los círculos mafiosos a Víctor Emilio se le describía como un hombre de 1.70 metros, de 200 libras de peso, cabello negro y ojos marrones.
Gracias a la identificación tras las cirugías, el capo no logró zafarse de la segunda orden de presentación en Nueva York. Ningún tribunal le hizo válida la defensa de que él era otra persona.
Comprobada plenamente su identidad, El Licenciado fue enviado a San Diego, la misma Corte en donde fueron procesados El Chino Ántrax y Serafín Zambada Ortiz, hijo de El Mayo Zambada.