Estados Unidos.-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 20 de mayo de 2026 a más de una docena de personas y entidades, agrupadas en dos redes distintas, vinculadas al cártel de Sinaloa y a sus operaciones de tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Las dos estructuras criminales están encabezadas, por una parte, por Armando de Jesús Ojeda Avilés, líder de una red dedicada al lavado de dinero proveniente del fentanilo y de otras drogas ilícitas a favor del cártel de Sinaloa; y por la otra, por Jesús González Peñuelas, prófugo de la justicia que dirige una organización con larga trayectoria en el tráfico de drogas hacia EE.UU. y en el lavado de dinero para esa misma agrupación criminal.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., declaró que “como el presidente Trump ha dejado claro, esta administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”. Añadió que “el Departamento del Tesoro seguirá persiguiendo a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos a salvo”.
La acción derivó de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), con participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y se articuló además con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
Las sanciones se emitieron al amparo de la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, así como de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, que tiene por objeto a terroristas y a quienes los respaldan financiera o materialmente.
El cártel de Sinaloa, considerado una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de México, fue identificado por EE.UU. como narcotraficante extranjero principal el 15 de abril de 2009, conforme a la Ley de Designación de Capos del Narcotráfico Extranjero (Ley Kingpin). El 15 de diciembre de 2021, la OFAC lo designó bajo la Orden Ejecutiva 14059, y el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) lo catalogó como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado.
Conocidos colectivamente como “Los Chapitos”, los cuatro hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, asumieron el control del cártel de Sinaloa tras la captura, extradición y condena de su padre en EE.UU. Se trata de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Ovidio y Joaquín se encuentran bajo custodia estadounidense, mientras que Iván y Alfredo permanecen prófugos al frente de la facción. Desde septiembre de 2024, las disputas territoriales entre “Los Chapitos” y sus rivales han provocado la muerte de más de 600 personas en Sinaloa.
Ojeda Avilés, quien opera desde Sinaloa, asumió el rol de principal lavador de dinero para “Los Chapitos” tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, a quien la OFAC había sancionado el 26 de septiembre de 2023 por utilizar criptomonedas y transferencias bancarias para enviar ganancias del fentanilo desde EE.UU. a líderes del cártel de Sinaloa en México. El nuevo cabecilla coordina la recolección de grandes cantidades de efectivo en territorio estadounidense, producto de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina, y facilita su conversión en criptomonedas para transferirlas al cártel de Sinaloa.
Entre los colaboradores cercanos de Ojeda Avilés figuran Jesús Alonso Aispuro Félix, principal intermediario financiero encargado de gestionar las transferencias masivas mediante direcciones de criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, quien facilita retiros de dinero en EE.UU. y fue acusado en abril de 2024 por un gran jurado federal del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Colorado por tres cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante criptomonedas; y Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína.
Orozco Romero controla, a través de sus familiares Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, la empresa mexicana de seguridad privada Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., y un restaurante con sede en Chihuahua, México, denominado Gorditas Chiwas. Ambas personas físicas operan como testaferros del empresario y también fueron incluidas en la lista de sancionados.
González Peñuelas, por su parte, ha sido responsable desde 2007 de la producción y distribución de metanfetamina y heroína en EE.UU., y figura además como un distribuidor relevante de cocaína y fentanilo. Fue acusado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de California en 2017, y en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Colorado en 2018, por cargos de narcotráfico internacional. En enero de 2024, la DEA ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena, monto que posteriormente igualó el DOS.
Como líder de célula del cártel de Sinaloa, González Peñuelas opera principalmente desde Sinaloa, con células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. El Departamento del Tesoro ya lo había sancionado bajo la Ley Kingpin el 12 de mayo de 2021.
Sus principales colaboradores sancionados son Castulo Bojórquez Chaparro, dedicado a la producción y distribución de drogas ilícitas en EE.UU.; Fredi Ismael García Sandoval, encargado junto con Bojórquez Chaparro de lavar dinero del narcotráfico a través de negocios en México; Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar, responsables del traslado de grandes cantidades de efectivo desde EE.UU. a México; y Noe de Jesús Castro Rocha, antiguo socio responsable de traficar cocaína y heroína al territorio estadounidense.
Como consecuencia de la medida, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades designadas que se encuentren en EE.UU. o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Cualquier entidad propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de los sancionados también queda bloqueada de forma automática.
Las prohibiciones se extienden a contribuciones, fondos, bienes o servicios proporcionados a favor de los designados, y las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con ellos podrían enfrentar sanciones secundarias, incluida la imposición de condiciones estrictas o la prohibición para mantener cuentas corresponsales en EE.UU.