Redacción
Un ministro de la Suprema Corte declaró que es inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes, ya que lo que se pretende consultar implica una restricción de los derechos humanos de los mexicanos pues condiciona su efectividad al resultado de este mecanismo.
Así lo consideró el ministro Luis María Aguilar en el proyecto de sentencia que elaboró y que será discutido el próximo 1 de octubre.
Señaló que el objeto de la consulta es inconstitucional porque se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios, consistente en que la consulta popular no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección.
Un ejemplo señalado por el integrante de la Corte es que no puede llevarse a cabo una consulta al pueblo mexicano para saber si está o no de acuerdo con prohibir la esclavitud, porque eso no es consultable al formar parte de los pilares o principios fundamentales que sostienen al Estado mexicano.
“Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”, indica el proyecto de sentencia.
El ministro destacó además que a la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, pues la participación ciudadana tiene otros medios de interacción en esa dimensión, a ella compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia y coadyuvar, en su caso, con las instituciones del Estado.
Aguilar señaló que en caso de que se realizara la consulta y se concluyera que no se debe investigar, el efecto sería una especie de perdón o amnistía en los delitos que pudieron cometerse antes, durante y después de las gestiones de los ex presidentes como los de lesa humanidad a los que se refiere en Presidente Andrés Manuel López Obrador en su solicitud.
“Se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía mexicana pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos especialmente odiosos, lo que no puede sostenerse, a más de obviar la obligación que se tiene de denunciar e investigar hechos posibles de constituir un delito”, indica el proyecto.
La consulta popular, aseguró el ministro, no puede tener como efecto perpetuar las violaciones a los derechos humanos mediante la denegación de justicia, ya que significaría un atentado a la Constitución.
Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ministros actuar con apego a la ley, pero también tomar “en cuenta el sentir del pueblo” para resolver dicho proyecto.
“Pues que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio que también ellos resuelven de conformidad a lo establecido a las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y la ley de consulta ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo, que ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad, que no necesitan leerme el artículo de la Constitución, es el 35, y que ahí se establece que no se deben de violar los derechos humanos”, aclaró.
López Obrador considera que no existe ninguna violación a los derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos, porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad, dándole al implicado las garantías de defensa que no se violen sus derechos humanos, pero este es un proyecto, habrá que esperar.
Con información de El Heraldo de México e Infobae México.