Culiacán, Sin.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de nueva cuenta reprobó las condiciones de seguridad, gobernabilidad y tratamientos en las penitenciarías estatales, como si se tratara de un mal endémico que está enquistado en el sistema penitenciario sinaloense.
De acuerdo con el informe “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014”, los penales de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán tuvieron una calificación por abajo del 5.5 en promedio de cinco rubros evaluados, siendo el que obtuvo la más baja calificación el de Aguaruto que alcanzó un 5 cerrado de los 10 puntos que otorga la CNDH.
Los rubros evaluados fueron:
1)Aspectos que garantizan la integración física y moral del interno.
2)Aspectos que garantizan una estancia digna.
3)Condiciones de gobernabilidad.
4)Reinserción social del interno.
5)Grupos de internos con requerimientos específicos.
De nuevo, el mal endémico del sistema penitenciario sinaloense se dejó observar. En los tres penales se observó sobrepoblación y hacinamiento, deficiencias en servicios de salud, inexistencia de acciones para prevenir y atender eventos violentos, deficiencias en consumo y preparación de alimentos, entre otros.
Sin embargo, el rubro con la más baja calificación en los tres penales estatales fue el de gobernabilidad.
El informe destaca que en Culiacán existen áreas de privilegios de objetos y sustancias prohibidas, así como internos que ejercen violencia y control sobre a población penitenciaria; además, los custodios cobran cuotas e inclusive algunos internos, y el personal de seguridad no es suficiente en todos los aspectos.
Estos mismos aspectos se detectaron en Los Mochis y en Mazatlán, creando un “autobierno” al interior de las cárceles.
El único rubro evaluado con un promedio superior a 6, incluso llegando a 7 en Mazatlán es en la atención a grupos con requerimientos específicos, como lo son tratar las adicciones, pero en los tres hay deficiencia en el trato a personas con enfermedades como el VIH/SIDA, discapacidad o a grupos indígenas.
Este diagnóstico se llevó a cabo en el 2014 y fue hasta este septiembre cuando la CNDH lo hizo público a través de su portal de Internet.
Martín Durán/La Pared