Culiacán, Sin.- La decisión de aplazar de 2027 a 2028 la elección de jueces y magistrados volvió a encender el debate sobre la reforma judicial impulsada por Morena, en una discusión que evidenció las profundas diferencias entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Sinaloa.
Mientras legisladores morenistas defendieron los cambios como una medida necesaria para corregir aspectos operativos y garantizar una participación ciudadana más informada, diputados de oposición señalaron que la modificación constituye una admisión implícita de que la reforma original fue diseñada con prisas y sin la planeación suficiente.
Durante la sesión extraordinaria en la que se discutió la minuta enviada por el Senado de la República, el diputado morenista Manuel de Jesús Guerrero Verdugo sostuvo que la reforma judicial responde a una demanda histórica de la ciudadanía y que los ajustes planteados buscan fortalecer el modelo de elección popular de las personas juzgadoras. Según expuso, la experiencia obtenida en el primer proceso electoral judicial permitió identificar áreas de mejora para evitar interferencias partidistas y facilitar un voto más informado.
En el mismo sentido, la diputada Juana Minerva Vázquez González aseguró que el aplazamiento no representa un retroceso, sino una oportunidad para perfeccionar las reglas del proceso. Argumentó que la reforma pretende acercar la justicia a la ciudadanía y dotar de mayor certeza a la elección de quienes integrarán el Poder Judicial.
Sin embargo, las críticas de la oposición se centraron precisamente en el hecho de que la reforma tenga que ser modificada apenas unos meses después de haber sido presentada como un cambio histórico para el país. El diputado panista Jorge Antonio González Flores cuestionó la efectividad del modelo implementado y calificó el aplazamiento como una estrategia para evitar los problemas que, a su juicio, quedaron evidenciados en la elección judicial de 2025.
El legislador recordó que dicho proceso implicó un gasto multimillonario y una participación ciudadana reducida, por lo que consideró que los recursos públicos destinados a esa elección no generaron los resultados prometidos. Además, criticó la posibilidad de ampliar la permanencia de magistrados electorales, al advertir que ello podría derivar en una excesiva concentración de poder.
Por su parte, la diputada priista Irma Guadalupe Moreno Ovalles sostuvo que la necesidad de reformar nuevamente el esquema judicial confirma que la propuesta original fue impulsada de manera precipitada. Señaló que, mientras hace apenas unos meses se aseguraba que la reforma transformaría la impartición de justicia en México, ahora sus propios promotores reconocen la necesidad de corregir aspectos fundamentales.
La discusión dejó en evidencia que el debate sobre la elección popular de jueces y magistrados está lejos de concluir. Para Morena, los ajustes representan una etapa natural de consolidación de un nuevo modelo judicial; para la oposición, son la prueba de que la reforma nació con deficiencias que hoy obligan a replantear sus reglas antes de enfrentar una nueva prueba en las urnas.