Culiacán, Sinaloa,– El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura este martes a una iniciativa que busca tipificar y sancionar severamente la fabricación, instalación, comercialización y uso de blindaje artesanal en vehículos automotores, una práctica vinculada a actividades delictivas en la entidad.
La propuesta, presentada por la diputada Rita Fierro Reyes, de Morena, plantea adicionar el Capítulo I Bis “Blindaje de vehículo automotor” al Código Penal del Estado e integrar los artículos 250 Bis y 250 Bis A, con el fin de establecer penas específicas para quienes participen en la creación o uso de estos sistemas no autorizados.
Las sanciones propuestas
De aprobarse, el marco legal establecería:Prisión de 5 a 15 años y multa de 350 a 550 días para toda persona que fabrique, instale, comercialice o utilice blindaje artesanal o mecanismos especiales destinados a colocar armamento en vehículos, sin estar legalmente autorizada o constituida.
Prisión de 4 a 10 años para quienes soliciten u ordenen la fabricación, instalación o comercialización de estos sistemas a empresas o particulares que no cuenten con permisos oficiales.
La diputada promotora destacó que la intención es cerrar el paso a la creación de vehículos modificados para actividades ilícitas, conocidos comúnmente como “narco blindajes”, y dotar de mayores herramientas legales a las autoridades para sancionar esta práctica.
Qué se considera blindaje artesanal
La iniciativa define el blindaje como todo material interpuesto —metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos— utilizado para impedir la penetración de impactos balísticos. Esto incluye cualquier tipo de estructura o mecanismo improvisado o no certificado que brinde protección balística o que facilite la colocación de armamento.
Objetivo: reducir capacidades operativas del crimen organizado
Desde tribuna, Fierro Reyes expuso que el uso de vehículos modificados de manera clandestina representa un riesgo para la seguridad pública, pues incrementa la capacidad ofensiva de grupos delictivos y dificulta el actuar de las autoridades durante operativos o intervenciones policiales.
La legisladora señaló que regular y sancionar estas prácticas permitirá disminuir la manufactura clandestina de vehículos adaptados para el enfrentamiento armado y fortalecer la estrategia estatal de combate a la delincuencia organizada.
La iniciativa fue turnada a segunda lectura, donde continuará el proceso legislativo.