Editorial
Estaba visto que los grupos criminales no responden a la lógica militar, y durante el primer mes del gobierno de Quirino Ordaz Coppel salieron a relucir lo que ya antes habíamos expresado en este espacio: no se trata de combatir la violencia con el Ejército, sino con la instalación en la sociedad de un verdadero Estado de derecho.
El arribo de mandos castrenses a las corporaciones civiles y de un secretario de Seguridad Pública enviado directamente por el alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como los cientos de elementos de la Policía Militar, convierte todo este cuento en una triste farsa ante la oleada de homicidios que sacude Sinaloa.
“Soldados de utilería” es la frase más acertada para describir la parafernalia militar levantada con la llegada de Ordaz Coppel al poder y la imposibilidad de abatir los altos índices de inseguridad.
Además del general Genaro Robles Casillas en la SSP, del teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo en la subsecretaría de Seguridad y del coronel Sergio Piñeiro Camacho en la otra subsecretaría de Proyectos, ya los tres municipios más grandes cuentan con titulares de seguridad emanados del Ejército.
En Mazatlán está Joel Ernesto Soto, teniente coronel de caballería, en Culiacán Víctor Hugo Sánchez Mendiola, teniente del Ejército, y Carlos Alberto Acuña Ronquillo en Ahome, también teniente.
De estos perfiles, los únicos dos que tienen en su experiencia mando de tropa son Robles Casillas y Castañeda Camarillo, quizá más por su grado militar. El resto ha pasado por puestos administrativos o han estado de manera breve en el campo.
Es cierto que los anteriores titulares de origen civil también llegan sin un amplio conocimiento, pero al menos conocen el territorio sinaloense, contrario a los recién llegados que de andar solos de paseo por las ciudades se perderían con facilidad.
El pasado miércoles 25 de enero, tanto el general Robles Casillas como su subalterno Cristóbal Castañeda reconocieron que no es con la llegada de una persona –cualquier persona- a la titularidad de un puesto de seguridad que se tiene la garantía para reducir los índices de violencia. Y Castañeda salió con la misma historia que ya sabemos: valores, tejido social y unión de la ciudadanía; otras palabritas acostumbradas: prevención y capacitación.
Es cierto que han enviado al primer grupo de policías a recibir adiestramiento militar a Tlaxcala, y que este tipo de acciones tan solo son una parte. Es cierto también que como ciudadanos tenemos miedo a denunciar, y en parte porque en el fondo sabemos que la impunidad y la corrupción (palabras siempre reiteradas en esta columna) van de la mano con la autoridad, pues las leyes son nada más un mecanismo creado por la civilización en aras de la convivencia social. Basta con apretar algunos botones y hacer otros movimientos para evadir, usar y aprovechar la ley.
En tres meses, dijo Robles Casillas, la sociedad verá resultados. Pero en realidad para revertir el nivel de violencia de nuestro estado es necesario empezar por una conciencia y cultura de la legalidad, no solo en servidores públicos, sino en todo el conglomerado social. Desde luego, esto siempre será una utopía.
*Editorial publicado en la edición 18 de LA PARED impresa