XALAPA, Ver.— La discreta detención ejecutada la mañana de este sábado 13 de junio por fuerzas federales en las calles de esta capital no fue un golpe al azar.
La captura de Héctor Taurino Landa Cabrera —tras un cerco de vigilancias fijas y móviles— pone rostro a la corrupción de cuello blanco que operó en las cañerías más profundas del poder financiero de México, revelando cómo se tejió la impunidad para las grandes corporaciones durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Landa Cabrera no era un burócrata común. Entre 2011 y 2018 escaló posiciones estratégicas hasta convertirse en el Administrador Central de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes del SAT.
Desde ese despacho, el funcionario respondía directamente a la estructura diseñada por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y el titular del SAT, Aristóteles Núñez.
Su labor real consistía en ser el filtro definitivo: decidir a qué consorcios multimillonarios se les perdonaban los impuestos y a quiénes se les blindaba ante auditorías incómodas.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que hoy lo mantiene tras las rejas detalla que el exfuncionario operó como el protector de una red de 324 empresas fantasma y firmas “factureras” dedicadas a la evasión fiscal.
El cobro por los servicios prestados desde su silla institucional llegó en agosto de 2018, en las postrimerías del gobierno peñista, cuando la firma Arrendadora Franllutti le transfirió una lujosa mansión en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, con un valor superior a los 15 millones de pesos, simulando un pago por asesorías que jamás existieron y acumulando una fortuna inexplicable de más de 21.9 millones de pesos.
Tras el cambio de régimen, Landa Cabrera intentó protegerse utilizando el despacho de los abogados más caros del país; fue vinculado a proceso desde junio de 2021, pero logró evadir la prisión llevando su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar el expediente.
Su estrategia naufragó de forma definitiva cuando la Primera Sala le negó el amparo. Sin el cobijo de la vieja tecnocracia de Hacienda, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le pisaron los talones hasta ubicarlo en un domicilio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Xalapa, donde este sábado se le cumplimentó la orden de aprehensión que abre un boquete en el pasado financiero de dos sexenios.
Redacción/LaPared