Poza Rica, Veracruz.- La música tropical retumbaba con fuerza en el recinto del Salsa Fest, un despliegue de luces y algarabía que la gobernadora Rocío Nahle no quiso perderse.
Ahí, entre palmas y saludos calculados para la fotografía, el poder político sonreía. Apenas a unos kilómetros de los reflectores, en la misma región norte del estado, el silencio de la impunidad pesaba más que los tambores.
Hacía apenas 24 horas que las balas de la delincuencia habían apagado la voz de Luis Ángel López Valdez en la colonia Cazones, pero en la agenda del Ejecutivo estatal había prioridades rítmicas antes que fúnebres.
Luis Ángel no solo era el periodista que ponía el cuerpo para narrar la cotidianidad violenta desde las páginas del diario Vanguardia de Veracruz; también era el hombre que portaba el uniforme de Cruz Ámbar como subdelegado de rescate, acostumbrado a salvar vidas donde otros las arrebataban.
La madrugada del jueves, la paradoja veracruzana lo alcanzó: el rescatista no pudo ser rescatado tras ser blanco de un ataque armado.
Mientras el gremio periodístico local procesaba la indignación y la morgue entregaba un cuerpo más a la estadística de la censura violenta, en el palacio de gobierno la consigna parecía ser el olvido inmediato.
A un día del homicidio, ninguna llamada, ninguna condolencia ni mucho menos un pronunciamiento oficial de la mandataria morenista había llegado a la familia López Valdez.
La indiferencia institucional dolió casi tanto como las detonaciones.
Veracruz revalida, bajo la actual administración, su título como una de las zonas más letales para ejercer el periodismo en el continente.
La muerte de Luis Ángel se suma a una lista negra de comunicadores caídos y desaparecidos que las fiscalías archivan con sistemática apatía.
En Poza Rica, los contrastes de la política mexicana quedaron expuestos sin pudor: una alfombra roja para la fiesta de la gobernadora y la soledad de un féretro para quien se atrevió a contar la verdad.
Redacción/LaPared