La diputada priista reclama al Congreso de Sinaloa que dé trámite a la solicitud presentada hace más de dos meses; denuncia opacidad en contratos por más de 2 mil 634 millones de pesos y cuestiona el manejo de recursos públicos durante la administración del exgobernador.
Culiacán, Sin.– La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, exigió al Congreso del Estado dar trámite inmediato a la solicitud de juicio político presentada hace más de dos meses contra el exgobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos actos de corrupción, irregularidades en el manejo de recursos públicos y señalamientos sobre posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Durante una conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que existen elementos que ameritan una investigación sobre el ejercicio del poder durante los más de cuatro años que Rocha Moya encabezó el Gobierno de Sinaloa, por lo que llamó a los diputados de todas las fuerzas políticas a ejercer sus facultades de fiscalización y evitar que las diferencias partidistas interfieran en el procedimiento.
“Rubén Rocha Moya debe estar en la cárcel, igual que quienes han saqueado a Sinaloa”, declaró Gárate Valenzuela, al responsabilizar políticamente a la anterior administración de la crisis de inseguridad y de las afectaciones económicas que enfrentan las familias sinaloenses.
La diputada afirmó que la exigencia de juicio político no responde únicamente a una confrontación partidista, sino a la necesidad de esclarecer presuntas irregularidades administrativas, contrataciones sin transparencia, triangulación de recursos públicos y posibles relaciones entre funcionarios y organizaciones criminales.
Cuestiona contratos por más de 2 mil 634 millones de pesos
Entre los señalamientos expuestos, Gárate Valenzuela destacó las deficiencias de transparencia detectadas por la organización Iniciativa Sinaloa en contrataciones de obra pública durante la administración de Rocha Moya.
De acuerdo con las cifras citadas por la legisladora, al menos 76 obras públicas carecían de contratos publicados, mientras que las irregularidades de transparencia identificadas en distintas contrataciones involucrarían aproximadamente 2 mil 634.5 millones de pesos.
También hizo referencia a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación relacionadas con el ejercicio de recursos estatales, entre ellas contratos adjudicados a una empresa constructora presuntamente vinculada con familiares de un funcionario público, depósitos superiores a los montos contratados y transferencias a particulares.
La priista cuestionó, además, pagos millonarios realizados a un exfuncionario del área de finanzas bajo el concepto de “pago préstamo”, operaciones cuyo origen, justificación y legalidad pidió esclarecer.
A estas observaciones agregó un contrato de adquisición de equipo de cómputo por 45.9 millones de pesos, así como la contratación directa de obras sin procedimientos de licitación pública.
“Cada peso que se desvía o se entrega por favoritismo se le quita a las familias sinaloenses: a sus escuelas, a sus hospitales, a sus calles y a su seguridad”, expresó.
Los montos y operaciones mencionados forman parte de los cuestionamientos expuestos por la legisladora. Las deficiencias de publicación de contratos, por sí solas, no acreditan desvío de recursos ni responsabilidad penal.