Mazatlán, Sin.- La respuesta institucional a la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa vuelve a apostar por más elementos militares, vehículos blindados, equipamiento y convenios de coordinación. Sin embargo, a más de dos años del inicio de la confrontación entre facciones del crimen organizado, el despliegue de fuerzas federales y los recursos destinados a seguridad no han conseguido restablecer la tranquilidad en la entidad.
En medio de este escenario, autoridades federales, estatales y municipales firmaron tres nuevos convenios para fortalecer las corporaciones policiales, ampliar su capacidad operativa y mejorar sus herramientas de investigación y vigilancia.
Durante el acto realizado en la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que las fuerzas federales no abandonarán Sinaloa hasta que existan condiciones de paz y seguridad.
“No nos vamos a retirar de Sinaloa hasta que se restablezcan las condiciones de paz y tranquilidad que requiere el pueblo de este estado”, afirmó.
El compromiso ocurre en una entidad donde actualmente permanecen desplegados 22 mil 667 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cifra que, de acuerdo con el propio funcionario, representa el 33 por ciento del personal militar desplegado a nivel nacional.
La dimensión del operativo contrasta con la persistencia de los hechos violentos y plantea interrogantes sobre los resultados de una estrategia que, hasta ahora, ha requerido reforzamientos constantes sin que la presencia militar se traduzca en una recuperación sostenida de la seguridad.
Como parte de los acuerdos, la Sedena entregará en comodato 80 vehículos a la Secretaría de Seguridad Pública estatal: 20 unidades blindadas, 40 camionetas tipo pick-up y 20 motocicletas.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aportará cerca de 200 vehículos y equipos, mediante una inversión conjunta de 900 millones de pesos. El paquete contempla 90 camionetas pick-up, 50 motocicletas, 30 camionetas blindadas, tres unidades de drones Águila, equipos de radiocomunicación y 15 camionetas tácticas blindadas.
El secretario Omar García Harfuch aseguró que la entrega de estos recursos está prevista en un plazo máximo de 30 días y precisó que se trata de apoyos adicionales a los proporcionados por la Defensa Nacional.
El tercer convenio fue firmado entre la Guardia Nacional y el Ayuntamiento de Mazatlán, con el propósito de capacitar y adiestrar a policías municipales.
Más militares para Mazatlán
El reforzamiento no se limitará al equipamiento. Trevilla Trejo anunció que la Guardia Nacional incrementará su presencia en Mazatlán con 4 mil 200 efectivos adicionales, que se sumarán a los 350 que ya operan en el municipio, para alcanzar una fuerza de 4 mil 550 elementos.
La decisión llega en un contexto en el que Mazatlán también enfrenta un deterioro de sus condiciones de seguridad, con un incremento de homicidios dolosos durante septiembre y octubre.El titular de la Defensa Nacional detalló que desde el 1 de octubre de 2024 se mantiene una atención especial sobre Sinaloa mediante operaciones en zonas urbanas, principalmente Culiacán y Mazatlán, así como en comunidades serranas y regiones limítrofes con otras entidades.
Enumeró acciones de erradicación de plantíos de marihuana y amapola, destrucción de laboratorios clandestinos, vigilancia aérea y terrestre, además del uso de drones, equipo antidrones y vehículos blindados.
No obstante, la explicación de las capacidades desplegadas contrasta con la realidad que persiste en las calles: una crisis de seguridad que continúa demandando más recursos, más personal y nuevos acuerdos entre instituciones.
Una cadena de convenios sin resultados suficientes
Los tres acuerdos anunciados en Mazatlán tampoco representan el primer intento de fortalecer las instituciones de seguridad desde que comenzó la confrontación criminal en septiembre de 2024.
El 18 de agosto de 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno de Sinaloa firmaron un convenio para reclutar, capacitar y adiestrar a 150 elementos policiales.
A ese compromiso se suman cuatro convenios de financiamiento suscritos entre 2025 y 2026, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, que representan una bolsa conjunta de 887 millones 867 mil 98 pesos.
Con los nuevos acuerdos, el inventario de compromisos institucionales sigue creciendo, al igual que el equipamiento y el despliegue de fuerzas federales. Sin embargo, el desafío central permanece: conseguir que esa inversión y presencia operativa se traduzcan en una reducción efectiva de los homicidios, desapariciones y demás delitos que mantienen a Sinaloa bajo una prolongada crisis de violencia.
Porque la permanencia de miles de militares, la entrega de blindados y los anuncios de nuevas inversiones pueden fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, pero no sustituyen la obligación de ofrecer resultados verificables en materia de seguridad.