Ciudad de México.- En el submundo del narcotráfico mexicano, la lealtad es un mito que se cotiza en dólares y el pragmatismo siempre pesa más que la sangre.
Durante meses, las dos estructuras más perseguidas del continente operaron una alianza secreta que desafiaba toda lógica de rivalidad territorial. Pero el pacto tenía fecha de caducidad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó lo que en las sombras ya era un secreto a voces: muerto Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el millonario acuerdo operativo y económico que unía al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la facción de Los Chapitos camina directo a la fosa.
Con la frialdad de quien analiza un mapa de bajas, Harfuch sepultó desde Palacio Nacional las especulaciones sobre una megacoalición criminal blindada en el norte del país. Los hilos que amarraban a los herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán con la chequera de Jalisco no sobrevivieron al plomo. Se rompieron en seco el mismo día en que el líder absoluto del CJNG fue abatido por las fuerzas federales en la sierra de Tapalpa.
La chequera del diablo ya no viaja al norte
La revelación del gabinete de seguridad desnudó los engranajes de un matrimonio de conveniencia que hasta hace poco parecía impensable en el tablero criminal.
“Se tiene conocimiento que el líder de esta organización, que falleció, mantenía relación directa con ‘Los Chapitos’ para brindar financiamiento y apoyo de personal”, reveló García Harfuch.
Era una sociedad de supervivencia: Jalisco ponía el músculo financiero y los jóvenes de Culiacán sostienen el frente en su guerra a muerte contra la facción de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”. Sin embargo, en este negocio el poder es personal y no se hereda automáticamente. Con la caída del jefe de la organización de las cuatro letras, las prioridades en Guadalajara cambiaron de golpe.
“Al momento no se cuenta con indicios de que esta alianza se mantenga vigente tras la muerte del líder del CJNG”, sentenció Harfuch con un laconismo tajante, dejando en claro que el pacto ya valió.
Para los analistas de inteligencia del Gobierno Federal, la muerte del capo michoacano replegó las garras de Jalisco hacia su propio feudo. Según la hipótesis de las corporaciones de seguridad, con su estructura fracturada por la sucesión, el dinero y los hombres del CJNG dejaron de viajar al norte, abandonando la frontera sinaloense y dejando a Los Chapitos con un frente abierto y sin el oxígeno financiero que necesitaban para frenar el avance de la gente del “Mayito Flaco”.
Fantasmas de tela en el desierto
Con el suministro cortado, la realidad en las calles de Culiacán se volvió, bajo el diagnóstico estrictamente oficial de las agencias federales, una coreografía de espejismos. En su momento, los altos mandos del gabinete de seguridad aludieron a la narrativa que se intentó sembrar en la entidad mediante mantas colgadas en la vía pública, donde se anunciaba el supuesto desembarco masivo del CJNG en la plaza sinaloense.
De acuerdo con las líneas de investigación oficiales del gobierno de la República, aquellos despliegues propagandísticos no reflejaban un estado de fuerza real en el terreno.
La versión oficial de la federación es que se trató de una estrategia de distracción mediática operada presuntamente por células locales con el único fin de amedrentar a las huestes del “Mayito Flaco” e inducir una percepción de internacionalización del conflicto.
La radiografía institucional que hoy sostiene el gobierno federal es mucho más cruda: los reportes oficiales sobre recientes detenciones y el desmantelamiento de laboratorios e infraestructura clave por parte de las Fuerzas Armadas sugieren que los brazos operativos de Los Chapitos hoy enfrentan el conflicto con sus propios recursos disponibles.
La narrativa gubernamental concluye con un criterio estrictamente institucional: para la federación, los indicios de colaboración bilateral terminaron con la ausencia de Oseguera Cervantes, dejando el escenario actual bajo el registro oficial de dos estructuras fragmentadas que son combatidas de manera individual por el Estado mexicano.
Redacción/LaPared