Ciudad de México.- Detrás del micrófono de la conferencia matutina, el uniforme pixelado del general Ricardo Trevilla Trejo no solo viste el cuerpo del hombre que comanda las Fuerzas Armadas; carga también con el peso de un sistema político que suele buscar en los cuarteles las respuestas que los civiles no pueden dar. Frente a él, los reflectores de Palacio Nacional no apuntaban esta mañana a una victoria táctica, sino a una grieta política abierta a mil kilómetros de distancia, en las llanuras calientes de Sinaloa.
La entrega voluntaria y detención en Estados Unidos del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez —el hombre que controló el tablero de la seguridad pública sinaloense— ha comenzado a levantar olas que salpican la pulcritud institucional de la SEDENA, bajo acusaciones de presuntos vínculos con “Los Chapitos”. Ante la crisis, la narrativa oficial en Culiacán intentó sacudirse el costo político de inmediato.
Fue la propia gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, quien abrió fuego declarando abiertamente que la designación no dependió de ellos, sino que provino directamente de una imposición central de las Fuerzas Armadas:
“Al general Mérida no lo nombró Rocha, fue una decisión de la Sedena… a Sinaloa nos lo enviaron”.
Pero el poder, al igual que la guerra, exige precisión. Y el general Trevilla (retratado con gesto adusto y firmeza burocrática), decidió trazar hoy una línea de fuego verbal indescifrable pero contundente: la Defensa Nacional aconseja, pero la pluma legal que firma el nombramiento siempre ha sido civil.
El dato duro: El juego de las dos firmas
Detrás del deslinde de la mañanera se esconde el verdadero laberinto burocrático de la seguridad en México. Legalmente, el artículo 21 de la Constitución Federal y las leyes de seguridad locales otorgan la facultad exclusiva a los gobernadores para nombrar y remover a sus secretarios.
Sin embargo, en el terreno real, el procedimiento es un pacto de dos llaves.
Cuando un mandatario estatal decide “militarizar” su policía —como ocurre en más de la mitad del país—, el proceso operativo arranca bajo el cobijo de los convenios de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El gobernador solicita formalmente un perfil al gabinete federal; la SEDENA revisa su hoja de servicios y, si el militar está en activo, el General Secretario debe otorgar obligatoriamente una licencia o comisión para que pueda ejercer un cargo civil.
Sin ese permiso del alto mando, ningún soldado se mueve a una oficina estatal. Pero una vez que se concede la terna y se autoriza el perfil, el costo del control de confianza de ese funcionario y el acto de tomarle protesta recae por completo en el gobernante de la entidad, quien es su jefe directo.
Con esa fría realidad técnica sobre la mesa, Trevilla Trejo minimizó el reclamo de Yeraldine Bonilla con una frase tersa que, en el lenguaje de la alta política, equivale a un portazo en la cara:
“Yo creo que ahí fue alguna mala interpretación”.
Para el secretario de la Defensa, la arquitectura del pacto federal y la soberanía de los estados no son conceptos negociables bajo el pretexto de la crisis criminal. Con un tono pausado que desarmaba la versión de la imposición centralista, el general desglosó la mecánica de esos favores políticos que los gobernadores suelen pedir cuando las papas queman:
“¿Cuál es el procedimiento?, normalmente ellos son los gobiernos de los estados, son autónomos, en un momento dado pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de Defensa Nacional”.
El “apoyo”, según la lógica castrense revelada esta mañana, no viaja con órdenes de asignación obligatorias firmadas en la capital, sino con carpetas de antecedentes. Una especie de servicio de recomendación institucional donde la SEDENA solo pone la biografía y el político local pone la rúbrica y la responsabilidad jurídica.
“¿En qué sentido es el apoyo?, se recomienda, piden la opinión, cómo fue este general en funciones en su ruta profesional, en su carrera y se da la opinión, así es como sucedió”.
El retiro: donde se borran los nombres
La crónica de este deslinde tiene un punto de quiebre fundamental: el almanaque. Para la institución, un militar que cuelga las botas deja de ser una pieza del engranaje operativo del Estado y pasa a convertirse en un ciudadano con derecho a pensión, pero sin derecho a usar el escudo de la secretaría como blindaje político ante sus propios actos.
Mérida Sánchez, recordó Trevilla con meticulosidad quirúrgica, cruzó esa frontera invisible hace cuatro años, debilitando el argumento sinaloense de que respondía a una línea de mando directa desde la capital.
“El general Mérida Sánchez pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional”.
El desapego fue total. Al ser cuestionado sobre si el Ejército vigila o guarda reportes del calvario judicial que su antiguo subordinado enfrenta en las cortes norteamericanas, el general secretario cortó de tajo cualquier sospecha de complicidad o cobertura informativa con un lacónico y tajante: “No”.
Lo único que une hoy a ese general caído en desgracia con las arcas de las Fuerzas Armadas son las transferencias del ISSFAM para sus haberes de retiro y su servicio médico familiar. Nada más.
La mañanera terminó y el general Trevilla abandonó el estrado. Con sus textuales, el Ejército devolvió la pelota al terreno de la política civil. Si un mando militar fracasa, se corrompe o termina rindiendo cuentas ante jueces extranjeros, la mancha —según la doctrina expuesta por la SEDENA— no pertenece al uniforme ni a la federación, sino al gobernante estatal que decidió estampar su firma para ponerlo en el cargo.
Redacción/LaPared