Redacción
Dos listados de empresas que violan derechos laborales fueron revelados durante las conferencias matutinas del Gobierno de México por la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde. En ellas aparecen por un lado las empresas que despiden trabajadores durante la Emergencia Sanitaria, acto que calificó como ilegal, y por el otro las empresas que no cumplen con las indicaciones en materia de salud de cesar actividades presenciales.
En primer listado fue presentado el 8 de abril y contenía 84 razones sociales de todo el país que la STPS había identificado como violadores de los derechos laborales y estaba dividida en dos tablas. El primer bloque correspondía a las firmas que habían desaparecido a toda la nómina de la noche a la mañana, mientras que el segundo bloque correspondía a aquellas que habían realizado despidos significativos. “Los despidos que se den a raíz de la situación sanitaria que vive el país por el coronavirus (COVID-19) son injustificados e ilegales”, aseguró Luisa María Alcalde1.
El segundo listado, denominado Quién es Quién, fue presentado el lunes 27 del mismo mes y contiene a las empresas que se niegan a acatar las ordenes federales de cesar actividades pese a ser consideradas como “no esenciales”. En total 13% de las empresas inspeccionadas no cumplen con la normatividad en el marco de la emergencia COVID-19 y 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia.
Ocho de las empresas mencionadas en el listado de las que despidieron trabajadores y una de las que se niegan a cesar labores, a través de sí mismas o sus matrices, facturaron para el Gobierno Federal 94 millones de pesos entre 2002 y 2019 mediante 190 contratos, en su mayoría, por adjudicación directa. Así lo revelan los datos de Compranet y el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) analizados a través de QuiénesQuién.Wiki.
7,720 trabajadores fuero despedidos indebidamente en el transcurso de los meses de marzo y abril por las empresas Servicios Administrativos de Wal Mart, S. de R.L. de C.V.; Grupo Posadas, S.A.B. de C.V.; Grupo Parisina, S.A. de C.V.; Coorporativo Vidavi, S.A. de C.V.; Semarsi del Norte, S. de R.L. de C.V.; Desarrollos Dine, S.A. de C.V.; Red de Climas Refacciones y Servicios, S.A. de C.V. y Coppel, S.A. de C.V, que también aparece en la lista de empresas que no acatan el cierre de actividades.
Las compañías Walmart y Coppel acaparan más del 80% de los 94 millones de pesos mencionados en este reportaje. Es decir, 76,598,93.53 pesos les fueron asignados a estas dos empresas y en su mayoría se ejercieron por adjudicación directa.
La firma Coppel S.A. de C.V está doblemente señalada; además de despedir a 1,146 personas durante la contingencia sanitaria se le ha solicitado parar labores y ha decidido ignorar al Gobierno Federal. “Tenemos el caso de Coppel, que también ha sido exhortada e insiste en el no cumplimiento (…) La idea de estas visitas, como aquí el presidente lo ha dicho, es hacer un llamado, un exhorto a cerrar, a cuidar a las y los trabajadores, a cuidar a las comunidades”, dijo la titular de la STPS.
Asimismo, Coppel es la que más dinero recibió a través de contrataciones públicas y tiene el tercer lugar nacional en despidos, según las cifras del Gobierno Federal. En total a Coppel se le asignaron cerca de 49 millones de los 94 reportados en los portales de compras públicas entre 2002 y 2019.
Grupo Coppel sostiene un doble discurso ante la crisis. El pasado 3 de abril, mientras que en un acto que las autoridades calificaron como “ilegal” la compañía realizaba los despidos masivos en contra de sus trabajadores, lanzó una convocatoria para apoyar financieramente a las organizaciones civiles que trabajaran directamente en atender las consecuencias de la pandemia con población vulnerable (personas mayores a 60 años de edad e individuos con una enfermedad crónica preexistente).
Según se reporta en el sitio oficial de la empresa, “Comunidad Coppel” estaría entregando recursos, que se definirían dependiendo del proyecto postulado, a aquellas organizaciones que presentaran a la marca la mejor propuesta de atención2. En total se premió a 67 organizaciones entre las que resaltan fundaciones de índole médica en todo el país.
Es importante mencionar que el caso de Walmart es muy distinto. La compañía no recibió contratos con el Gobierno Federal desde la razón social que despidió a 717 personas de su nómina (Servicios Administrativos de Wal Mart, S. de R.L. de C.V.) sino que las adjudicaciones fueron a través de sus subsidiarias, Tiendas Wal Mart, S. de R.L. de C.V. y Nueva Wal Mart de México, R.L. de C.V.. Los contratos de esas empresas suman 27,261,1028.06 pesos.
Con información de COLABORATORIO, un espacio colaborativo de investigación empresarial estratégica.