Tres iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado proponen reformar la Constitución para exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la gubernatura; también plantean prohibir el uso de pasaportes extranjeros durante el ejercicio del cargo.
Culiacán, Sin.- La posibilidad de que una persona con doble nacionalidad llegue a gobernar Sinaloa podría quedar restringida mediante una reforma constitucional. Este martes 10 de noviembre, el Congreso del Estado dio lectura a tres iniciativas impulsadas por Morena, el Partido Sinaloense (PAS) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que buscan establecer la nacionalidad única como requisito para ocupar la gubernatura.
Las propuestas coinciden en modificar la fracción I del artículo 56 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el propósito de impedir que quienes aspiren al Poder Ejecutivo estatal mantengan otra nacionalidad distinta de la mexicana, salvo que renuncien a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
Actualmente, la Constitución estatal establece como requisito ser sinaloense por nacimiento o contar con una vecindad no menor de cinco años, sin contemplar expresamente la prohibición de poseer otra nacionalidad.
La iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena plantea que únicamente puedan aspirar a la gubernatura las ciudadanas y ciudadanos mexicanos por nacimiento que no tengan ni adquieran otra nacionalidad y que, en caso de poseerla, renuncien a ella antes de solicitar su registro electoral, conforme a los términos que establezca la ley.
Además, deberán ser originarios de Sinaloa o acreditar una residencia efectiva de por lo menos cinco años inmediatamente anteriores a la elección.
La propuesta morenista también establece restricciones para quien se encuentre ejerciendo la gubernatura, al prohibirle adquirir o solicitar otra nacionalidad, así como invocar ante autoridades extranjeras una ciudadanía distinta de la mexicana.
Entre las conductas que quedarían comprendidas en esta prohibición se encuentran utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por gobiernos extranjeros, ejercer derechos políticos en otro país o solicitar protección diplomática bajo una nacionalidad distinta.
El incumplimiento de estas disposiciones podría dar lugar a sanciones conforme a los mecanismos de responsabilidad previstos en la Constitución federal, la Constitución estatal y demás disposiciones aplicables.