Culiacán, Sin.- La guerra que se vive en las calles de Sinaloa ha trasladado sus trincheras a las salas de urgencias y los quirófanos, obligando a las autoridades a implementar un blindaje armado permanente en los hospitales públicos.
Tras un encuentro urgente entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y representantes del sector salud, se acordó reforzar el llamado “Código Plata”, un protocolo de máxima alerta que, más allá del discurso oficial, busca evitar que sicarios ingresen a los nosocomios a “rematar” a rivales heridos o a secuestrar al personal médico bajo amenaza.
La alerta se activa en el instante en que un paciente con heridas de bala ingresa a un centro de salud.
A partir de ese momento, la atmósfera del hospital cambia por completo y lo que debería ser un espacio de sanación se transforma, en cuestión de minutos, en una fortaleza resguardada.
Al activarse el protocolo, un despliegue de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva toma el control absoluto de las puertas de acceso, los pasillos y los estacionamientos.
Los uniformados implementan filtros rigurosos de revisión, mientras que en el interior, los médicos y enfermeras deben trabajar bajo una tensión asfixiante, sabiendo que la persona a la que están salvando la vida es un blanco móvil para los grupos criminales.
Para reducir el riesgo de una tragedia colateral, las autoridades de los tres niveles de gobierno pactaron aislar por completo a los pacientes vinculados a hechos de alto impacto.
Sin embargo, el peligro no solo acecha desde afuera; el propio personal de salud opera bajo el temor constante de ser encañonado por células delictivas que exigen atención médica prioritaria para los suyos a punta de pistola.
En la mesa donde se redefinió este plan de contingencia participaron activamente mandos de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado, Cruz Roja, Bomberos y los propios directivos de los centros médicos asignados. Todos ellos coincidieron en que la aplicación estricta de estas fases de seguridad es lo único que hoy separa a un hospital público de convertirse en una zona de ejecución.
La consolidación de este blindaje es el síntoma más alarmante de la pérdida de espacios seguros en la entidad.
La realidad ha rebasado los discursos oficiales: hoy la disputa del crimen organizado ya no solo se pelea cuadra por cuadra en las calles de la capital, sino camilla por camilla dentro de las clínicas públicas.
En el Sinaloa de hoy, la guerra ya no se detiene en las puertas de un hospital; ahora se atiende en el quirófano y bajo la custodia de fusiles de asalto.
Redacción/LaPared