Ciudad de México.- En una decisión de trascendencia histórica, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó, por una mayoría de ocho votos contra uno, atraer la revisión de un juicio de amparo que impugna la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido en el país.
El máximo tribunal constitucional del país analizará de fondo si el marco legal actual, establecido en la Ley General de Salud y en el Código Penal de la Ciudad de México, vulnera los derechos fundamentales a la autonomía personal, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad al imponer la “muerte natural” como la única opción jurídicamente válida.
El recurso fue promovido por Silvia García Castañeda, una tanatóloga que ha dedicado su trayectoria profesional a asistir a enfermos terminales y que ha sido diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama.
La quejosa impugnó las normativas sanitarias y penales que castigan la ayuda médica para morir, argumentando que las restricciones vigentes limitan la libertad de las personas para decidir de manera informada y consciente sobre el final de su vida, evitando el sufrimiento físico o emocional prolongado.
El camino del debate jurídico
El amparo llega a la Suprema Corte luego de que una jueza de distrito lo desechara en primera instancia en 2025, bajo el criterio de que la promovente carecía de “interés legítimo” al no demostrar que se encontraba en una etapa terminal inminente.
Sin embargo, al reasumir su competencia originaria, los ministros consideraron que la relevancia ética, médica y penal del caso exige un pronunciamiento definitivo del Poder Judicial de la Federación.
Durante la sesión, los integrantes del Pleno aclararon que esta votación inicial no representa una postura a favor o en contra de la legalización de dichos procedimientos, sino el reconocimiento de la necesidad de abrir la discusión. El expediente será turnado formalmente a la ponencia de un ministro para la elaboración del proyecto de sentencia que se discutirá en los próximos meses.
De avanzar con una resolución favorable, México se sumaría a la tendencia de naciones de América Latina y Europa que han modificado sus criterios constitucionales para reconocer el derecho a una muerte digna como una extensión de la libertad individual.
Redacción / LaPared