Ciudad de México.-A diez meses del asesinato de la niña bautizada como “Calcetitas rojas” (debido a que se desconocía su nombre), sus familiares exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que les reconozca personalidad jurídica para dar seguimiento a la indagatoria.
“Calcetitas rojas” fue encontrada sin vida el 18 de marzo del año pasado en las inmediaciones del Bordo de Xochiaca, en Netzahualcóyotl, Estado de México.
Al momento de ser localizada, con múltiples contusiones, la pequeña vestía una sudadera verde y calcetas rojas; tenía una cobija colocada en la cabeza y a un lado sus botas negras. La niña permaneció sin ser identificada hasta diciembre, cuando se inició un proceso contra su madre, Yadira, y su padrastro, Pablo.
Una vez ubicados los presuntos asesinos, Marina y Luz Marina Medina, tías de la pequeña, a quien conocían como Lupita, se presentaron a los medios de comunicación para exigir justicia y pedir que se les permita tener acceso a la investigación a través de sus representantes legales.
Las mujeres contaron que la pequeña nació con la ayuda de una partera el 16 de enero de 2013, pero no fue registrada. Su madre y el padrastro, añadieron, se dedicaban a robar y eran adictos a enervantes.
Admitieron que estaban alejadas de Yadira, e identificaron a la menor gracias a la persistencia de su representante legal, la activista Frida Guerrera, quien dio seguimiento al caso desde que el pequeño cuerpo mancillado apareció en Netzahualcóyotl.
Respaldada por el sacerdote Alejandro Solalinde, Frida Guerrera narró que a partir de la publicación de dos imágenes –una de ellas de la artista forense Rosa Alejandra Arce– para identificar a la menor, fue contactada por Marina el 25 de noviembre.
Posteriormente, el 14 de diciembre, otra persona se comunicó con ella para abundar sobre la identidad de Lupita, y un día después la activista recibió una fotografía y un video de la niña.
“En esa fotografía tenía puestas las botitas que fueron dejadas cerca de su lastimado cuerpecito”, explicó la activista, y dijo que toda la información obtenida la entregó a la Fiscalía del Estado de México el 18 de diciembre. Un día después la institución mexiquense filtró las imágenes de la niña, pese al acuerdo para que no divulgara la información.
El 20 diciembre las autoridades aprehendieron a Yadira y a Pablo, y una semana después fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Netzahualcóyotl, bajo cargos de feminicidio.
El video y la fotografía fueron entregados a Frida por vecinos de la niña, a quien supuestamente trataron de proteger. Señalaron que después de ser reclamada por Yadira, a “calcetitas rojas” la vieron por última vez en febrero de 2017, aproximadamente un mes antes de que fuera asesinada.
De acuerdo con las indagatorias de la activista, el 17 de marzo la madre de Pablo, padrastro de Lupita, acudió a las oficinas del DIF de Netzahualcóyotl para denunciar que la pequeña había sido golpeada por su hijo y Yadira, pero no hubo reacción de las autoridades ante la queja ni vinculó esos datos con la aparición del cadáver de la niña un día después.
Gracias a la tenacidad de Frida Guerrera, finalmente se logró reconstruir la historia de la pequeña, que de acuerdo con los dictámenes periciales fue asesinada a golpes.
La activista reprochó que de parte de las autoridades no hubo intentos por tratar de identificar a la víctima, y recordó que el 26 de abril, ante el ofrecimiento de apoyar en la búsqueda de los familiares, la fiscal de homicidios Irma Millán le dijo: “Yo la sepulté, le hice su misa y no hice un video para que se supiera”.
Tras señalar que el fiscal general Alejandro Gómez tampoco buscó identificar a la pequeña, Frida Guerrera narró que el 27 de noviembre, al intentar identificar el cuerpo de Lupita, las hermanas Marina y Luz María fueron informadas de que los abuelos de la niña habían reclamado los restos y que el caso ya estaba cerrado.
De acuerdo con las tías de la niña, en la Fiscalía les han negado una y otra vez el acceso a la carpeta de investigación, y también les han reprochado haberse acercado tan tarde a las autoridades para identificar a la pequeña.
Al insistir en que estaban alejadas de su hermana y no tenían contacto con Lupita, hasta que fueron ubicadas por Frida Guerrera, las hermanas Medina demandaron que se les reconozca personalidad jurídica para tener acceso al expediente y coadyuvar en la investigación a través de sus representantes legales, la activista y la abogada Daniela Jiménez.
Fuente: Proceso