Brooklyn, Nueva York.- El dinero del narcotráfico suele tener un destino predecible en las cortes de Nueva York: pasa de las manos de los capos a las arcas del gobierno estadounidense, perdiéndose en un agujero negro burocrático.
Sin embargo, en el tablero del tribunal de Brooklyn, un actor inesperado acaba de cruzar la línea para disputarle la exclusividad del botín al mismísimo Departamento de Justicia. Las familias LeBarón, Langford y Miller han puesto la mira en la fortuna de Ismael “El Mayo” Zambada, abriendo un frente legal para que Washington no se quede con todo.
La historia viene de un fallo judicial histórico. Tras la masacre de Bavispe en 2019, donde tres mujeres y seis niños fueron acribillados por el brazo armado del Cártel de Juárez, las familias ganaron una demanda civil en Dakota del Norte que fijó una indemnización de 4,600 millones de dólares.
Pero un papel firmado no compra la justicia, y cobrarle a un cártel es perseguir fantasmas. Por eso, la nueva batalla no es por el dinero en sí, sino por el acceso a él.
A través del bufete Motley Rice LLC, las víctimas enviaron una petición al juez Brian Cogan, el hombre que juzga a “El Mayo”. Su argumento se sostiene en la Ley TRIA (Terrorism Risk Insurance Act), que permite a víctimas de terrorismo confiscar activos de organizaciones criminales o sus “instrumentos”.
Los abogados sostienen que las redes de Zambada operaron como aliados del Cártel de Juárez y que, por lo tanto, sus bienes son elegibles para resarcir a las víctimas. Lo que hoy se pelea en la corte es el derecho a escudriñar las finanzas del capo y garantizar que el Gobierno de EU no firme un acuerdo de decomiso que deje a los afectados en el olvido.
La jugada incluye un dardo envenenado contra la opacidad del proceso. Ante los amagos de la fiscalía de que el capo sinaloense no posee bienes identificables, los LeBarón cuestionaron abiertamente al tribunal: resulta inverosímil que uno de los traficantes más prolíficos del planeta comparezca con los bolsillos vacíos.
Las familias no buscan frenar el juicio, sino arrebatarle al gobierno el monopolio del botín, exigiendo transparencia para que, en cuanto caiga el primer dólar de “El Mayo”, las víctimas estén en la primera fila para cobrarlo.
El veredicto de la realidad: ¿Qué tan factible es la jugada?
La estrategia es brillante en el papel, pero en la práctica enfrenta un muro casi impenetrable. Históricamente, el Departamento de Justicia de EU defiende sus decomisos con garras y dientes, argumentando que esos fondos deben ir al fondo general del gobierno o a programas federales de apoyo a víctimas controlados por el Estado, no a demandas civiles particulares.
Además, está el dilema de los “bienes fantasma”. Aunque la fiscalía le reclama a “El Mayo” una multa penal de 15,000 millones de dólares basados en el cálculo de sus ganancias históricas, la realidad es que el gobierno rara vez encuentra dinero líquido.
Un claro ejemplo ocurrió con Joaquín “El Chapo” Guzmán: bajo el mismo juez Cogan, el gobierno de EU no logró decomisarle ni el 1% de los 12,600 millones de dólares que le impusieron como multa, debido a que la riqueza real se diluye en prestanombres y activos difíciles de rastrear.
Por otra parte, la Ley TRIA ha funcionado con éxito rotundo cuando se congelan fondos de estados soberanos vinculados al terrorismo (como cuentas de bancos centrales extranjeros en Nueva York), pero aplicarlo a un capo para pagar la deuda de un cártel rival es un terreno legal virgen.
Con esto en contra, las posibilidades reales de éxito total son menores al 20%, ya que la fiscalía argumentará razones de seguridad nacional para mantener los secretos financieros de Zambada bajo sello.
Sin embargo, el verdadero triunfo de los LeBarón no es ganar el juicio completo, sino forzar una negociación. Al meter esta presión legal, aumentan drásticamente la posibilidad de que el gobierno estadounidense ceda y les otorgue un porcentaje menor a través del Fondo de Compensación para Víctimas del Terrorismo del Estado (USVSST).
La moneda está en el aire, pero la guerra por el botín del capo más viejo de México ya comenzó.
Redacción/LaPared