Culiacán, Sin.- El 1 de enero de 2026, mientras la mayoría celebraba el inicio de un nuevo año, en la colonia CNOP de Culiacán la vida de una familia se detuvo. Ese día Ricardo, de 49 años, salió de casa y no regresó.
Su rostro, enmarcado por una fotografía borrosa y pixelada, pasó a formar parte de una lista desoladora: las fichas de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa.
Durante más de siete meses, la rutina de sus seres queridos quedó en pausa.
Su búsqueda consistió en la angustiante espera diaria de una llamada, la incertidumbre constante y el peregrinaje por dependencias públicas, un camino que recorren cientos de familias en la entidad. Ricardo no era una estadística más; era un hombre de tez morena clara, complexión delgada, 1.60 metros de estatura y señas particulares muy suyas, como esa cicatriz con placa quirúrgica en el hombro izquierdo que alguna vez requirió cuidados en casa.
La respuesta no llegó a través de una pista en las calles, sino desde la fría frialdad de una prueba de laboratorio. Su cuerpo había permanecido durante meses en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), un espacio saturado donde decenas de restos esperan sin nombre.
Fue la genética la que finalmente le devolvió su identidad y cerró la incógnita de su paradero.
Las autoridades no ofrecieron detalles sobre las circunstancias de su localización ni sobre las causas de su muerte.
Para la familia, el dictamen marcó el fin de una búsqueda dolorosa y el inicio de otro duelo.
La historia de Ricardo refleja la realidad de Sinaloa, donde las pruebas de ADN se han convertido en la única vía para que cientos de familias recuperen a los suyos, permitiéndoles al menos cerrar el ciclo, recibir el cuerpo y darle sepultura.
Redacción/LaPared