Culiacán, Sin.- La guerra civil que desangra a Sinaloa tiene dos realidades paralelas. En las calles de Culiacán y las brechas de la sierra se pelea a muerte por el territorio; en las sombras de los laboratorios clandestinos, la maquinaria del fentanilo trabaja sin perder un solo día de producción.
Un reciente informe de la organización internacional International Crisis Group (ICG) —un prestigioso think tank global con sede en Bruselas, Bélgica, especializado en el análisis de conflictos armados y crisis de seguridad— confirma lo que la estabilidad del mercado negro en Estados Unidos ya sugería: la violenta ruptura entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos nexo no ha tocado un solo eslabón de la cadena de suministro de drogas sintéticas. El negocio sigue intacto, operando con una frialdad corporativa que sobrevive a las balas.
La captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 dinamitó la estructura horizontal del Cártel de Sinaloa, fragmentando la organización en cuatro grandes bloques hostiles: la descendencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, las huestes de La Mayiza, la facción de Aureliano “El Guano” Guzmán y células aliadas a los Beltrán Leyva. Debajo de ellos, más de 20 brazos armados sostienen los frentes de batalla. Sin embargo, el informe advierte que, a casi dos años de distancia, las rutas transcontinentales hacia el norte no registran pérdidas de presión.
La investigación del organismo belga, estructurada tras meses de trabajo de campo y más de 60 entrevistas con operadores del submundo criminal, agentes de seguridad y líderes comunitarios, detalla que las alianzas de importación de precursores químicos desde Asia y el flujo final de fentanilo hacia el mercado estadounidense permanecen estables. Lejos de detenerse por el conflicto, el negocio de las drogas de diseño ha encontrado mecanismos de adaptación rápidos y efectivos.
La mutación de la infraestructura química hacia el centro del país
Para sobrevivir al acoso de las facciones enemigas y a las incursiones de las fuerzas federales en el bastión sinaloense, la producción ha comenzado a migrar. El documento de Crisis Group destaca cómo las “cocinas” de fentanilo se han descentralizado, expandiendo su infraestructura hacia el centro del país, particularmente al Estado de México. Esta dispersión geográfica no solo resguarda los insumos de la violencia local, sino que diversifica las rutas de tránsito hacia la frontera.
En Sinaloa, el despliegue de las fuerzas federales —que según el balance actualizado por el Secretario de Seguridad Pública federal alcanza ya los 16 mil efectivos en la entidad— se ha concentrado de manera masiva en las zonas urbanas de Culiacán. Si bien la presencia oficial logró contener las balaceras diurnas y los bloqueos a gran escala en la capital, provocó un efecto de dispersión de la violencia. La guerra se trasladó a las comunidades rurales de la periferia, donde el vacío de poder oficial es absoluto.
Las facciones delictivas imponen ahí monopolios sobre productos de consumo básico, regulan el flujo de agua de riego para el campo y cobran cuotas obligatorias a pequeños comercios locales para financiar su conflicto armado.
El saldo de la fractura: Dos años de desgaste y parálisis social
A casi veinticuatro meses de que detonara el conflicto masivo, el balance para Sinaloa es demoledor y evidencia la ineficacia de la estrategia de contención militar a pesar del incremento en el estado de fuerza. Fuentes ministeriales e independientes estiman que la pugna interna ha cobrado miles de vidas, disparando los índices de homicidios dolosos y dejando una crisis de desapariciones forzadas que las fiscalías locales han sido incapaces de procesar o contener.
El impacto económico ha estrangulado sectores clave de la entidad: la parálisis comercial intermitente, el abandono de campos agrícolas por el cobro de piso y el desplazamiento forzado de comunidades enteras en la zona serrana y el sur del estado configuran un escenario de crisis humanitaria.
Mientras el motor económico del fentanilo continúa blindado por redes de corrupción y una inercia operativa global, la población civil sigue pagando el costo de una guerra interna que, financiada por miles de millones de dólares, parece no tener un final en el horizonte.
Por: Unidad de Investigación La Pared