Mazatlán, Sin.- La incertidumbre, ese peso aplastante que congela el tiempo para las familias de los desaparecidos, finalmente dio paso al amargo consuelo del regreso.
Con la identificación oficial de los restos de Pablo Osorio Sánchez, un joven ingeniero civil de 26 años, se ha cerrado el doloroso conteo de una de las peores tragedias recientes en la sierra de Sinaloa. Él era el décimo y último trabajador por reconocer tras el secuestro masivo ocurrido a principios de año.
Para su madre, la señora Socorro, y sus seres queridos, la búsqueda terminó en una sala del Centro Médico Forense Federal. Tras meses de exigir respuestas y solicitar exhaustivas revisiones periciales, el reconocimiento de rasgos físicos particulares confirmó lo que el corazón se negaba a aceptar: Pablo ya no volvería con vida, pero al menos regresará a su tierra natal en Tlaxiaco, Oaxaca.
“Volvió a casa, aunque no como anhelábamos”, compartieron sus allegados en redes sociales.
A Pablo lo recuerdan como el gran orgullo de su familia. En junio de 2025, recién graduado y lleno de metas, dejó su hogar en Oaxaca para adentrarse en la sierra sinaloense tras recibir una gran oportunidad laboral como supervisor de túneles.
Quienes trabajaron con él destacan su disciplina, su sonrisa franca y la pasión con la que asumía la ingeniería civil, una carrera que veía como el motor para sacar adelante a los suyos. Su meta no era otra más que ejercer con honestidad, lejos de imaginar el escenario de violencia que truncaría su futuro.
La pesadilla comenzó la mañana del 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en la cotidianidad laboral de la región de Concordia, donde operan empresas como la constructora CICAR y la minera canadiense Vizsla Silver Corp.
Ese día, diez trabajadores mineros fueron privados de la libertad en el poblado de Pánuco. Casi de manera simultánea, Pablo desapareció mientras esperaba un autobús en la carretera para trasladarse a su frente de obra.
El destino de todos ellos se cruzó trágicamente en la tierra silenciada de la comunidad de El Verde, en el mismo municipio de Concordia. Apenas unos días después del secuestro, entre el 3 y el 6 de febrero, las autoridades federales y colectivos de búsqueda localizaron fosas clandestinas en una parcela local, recuperando los cuerpos en avanzado estado de descomposición.
A partir de ese momento comenzó un calvario a cuentagotas. Mes tras mes, la Fiscalía General de la República (FGR) fue entregando perfiles genéticos a las familias de los ingenieros, geólogos y técnicos procedentes de diversas partes del país.
Fue hasta este 1 de julio cuando la madre de Pablo, acompañada por defensores de derechos humanos, logró la penosa confirmación al reconocer plenamente las características físicas particulares de su hijo.
El caso conmovió tanto a nivel nacional como internacional, provocando que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitiera una acción urgente en febrero, seguida de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo ante la lentitud de los procesos forenses.
A la par del dolor por la pérdida, las investigaciones federales han empezado a cercar a la estructura criminal responsable.
Las autoridades vinculan directamente este crimen con la facción de Los Chapitos, que mantiene una violenta disputa por el control de los recursos y las plazas del sur de Sinaloa. El golpe más contundente a esta célula ocurrió a inicios de junio en Mazatlán, con la captura de Gabriel Nicolás “N”, alias “El Gabito” o “El 80”, identificado como el líder regional y principal señalado por ordenar el secuestro masivo de los mineros en Concordia.
A esta detención se sumó apenas unos días después, a finales de junio, la de Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin” o “El Güero Pink”, operador clave capturado tras un fuerte operativo en Escuinapa que desató bloqueos carreteros en la zona sur. Junto a él cayó su jefe de seguridad y exdirector de la policía municipal, Hilario Martínez.
Aunque estos líderes criminales ya enfrentan procesos por homicidio calificado y desaparición, los colectivos advierten que la exigencia de justicia total sigue vigente.
La confirmación de la identidad de Pablo pone fin a más de cinco meses de un desgaste absoluto.
Detrás de las frías cifras oficiales e informes sobre detenciones de alto impacto quedan los proyectos truncados de un joven profesionista oaxaqueño que solo buscaba ganarse la vida en las entrañas de la sierra.
Los restos de Pablo serán velados en el ejido Ojo de Agua y sepultados en el panteón municipal del Barrio San Pedro, allá en su natal Oaxaca.
Con su último traslado, la fosa de El Verde se queda vacía de nombres pendientes, pero la exigencia de justicia plena y de garantías de seguridad reales para quienes trabajan en las regiones mineras del país permanece tan viva como el primer día.
Redacción/LaPared