Graciela Domínguez Nava reconoció que solo conoce la información pública sobre las presuntas irregularidades detectadas durante el último año de la administración de Rubén Rocha Moya; asegura que las revisiones siguen en curso.
CULIACÁN, Sin.- El Gobierno de Sinaloa dará seguimiento a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ejercicio de recursos públicos durante 2025, último año de la administración de Rubén Rocha Moya, en medio de los señalamientos sobre presuntas irregularidades y posibles triangulaciones de recursos en contratos de obra pública.
La gobernadora Graciela Domínguez Nava reconoció que, hasta el momento, no cuenta con información adicional a la que se ha difundido públicamente sobre las observaciones del órgano fiscalizador, por lo que evitó adelantar una postura sobre el contenido de las revisiones o las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.
“Sé lo mismo que ustedes; vamos a dar seguimiento a lo mismo que ha dicho el auditor superior. No podemos decir más elementos porque están en el proceso de revisión e investigación”, manifestó.
La declaración ocurre luego de que la ASF hiciera públicos señalamientos relacionados con presuntas triangulaciones en contratos de obra pública correspondientes al ejercicio fiscal 2025, un asunto que coloca bajo revisión los mecanismos de contratación, asignación y aplicación del dinero público durante el gobierno anterior.
De acuerdo con lo expuesto por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, la revisión permitió identificar una empresa constructora constituida por dos familiares de un funcionario del Poder Ejecutivo estatal, la cual recibió contratos de obra pública de dependencias estatales y ayuntamientos.
Uno de los familiares habría figurado como accionista y administrador único de la compañía, mientras que el otro desempeñaba funciones como apoderado legal. La ASF detectó que la empresa registraba depósitos superiores a los montos correspondientes a los trabajos de obra pública contratados y movimientos de dinero entre distintas cuentas bancarias.
La investigación también apunta a transferencias de recursos hacia los dos familiares, incluso después de que dejaron de formar parte de la empresa. Posteriormente, ambos habrían realizado pagos millonarios a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de «pago préstamo», de acuerdo con los detalles expuestos por el auditor.
El caso tomó relevancia por la posible relación de estas operaciones con personas cercanas al entonces gobernador Rubén Rocha Moya. Sin embargo, la ASF no ha identificado públicamente a los involucrados ni ha confirmado responsabilidades del exmandatario. Al ser cuestionado directamente sobre una posible participación de Rocha Moya, Hernández Palacios señaló que ese aspecto forma parte de las investigaciones y que los resultados se darán a conocer posteriormente.
Otro de los puntos pendientes es determinar el monto de los recursos públicos involucrados y el posible daño a la hacienda estatal. El auditor explicó que la dependencia se encuentra reconstruyendo la ruta del dinero para establecer cuánto se transfirió y qué proporciones quedaron en cada movimiento financiero.