Culiacán, Sin.- Una vivienda ubicada en la colonia Las Quintas fue atacada a balazos la mañana de este sábado, en un hecho que dejó impactos visibles en la fachada de una casa de dos niveles y volvió a colocar a la capital sinaloense bajo el foco de la violencia armada.
El inmueble se localiza sobre la calle Lago de Cuitzeo, entre el bulevar Xicoténcatl y el bulevar Sinaloa, en una zona residencial donde el estruendo de las detonaciones interrumpió la dinámica habitual del sector. Vecinos refirieron haber escuchado varias ráfagas, seguidas del sonido de un vehículo alejándose a alta velocidad.
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados llegaron al sitio durante las primeras horas del día, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la vivienda y posteriormente se retiraron sin ser detenidos.
En el lugar quedaron casquillos percutidos y daños visibles en muros, accesos y ventanales.
La propiedad del inmueble quedó confirmada plenamente en el sitio: habitantes del sector señalaron que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, habitó dicha residencia durante muchos años. El vínculo legal se hizo evidente tras el hallazgo de un recibo a nombre del mandatario, documento que los elementos de seguridad mantuvieron bajo estricto resguardo, impidiendo que fuera fotografiado durante las diligencias.
A pesar de haber sido el hogar de Rocha Moya, la vivienda se encontraba deshabitada desde hace aproximadamente tres años.
El hecho se suma a una secuencia de episodios violentos que han mantenido a Culiacán bajo presión constante, justo en el contexto en que el mandatario solicitó licencia para separarse del cargo y mientras el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirma que cuenta con un esquema de escoltas.
Al confirmarse que el inmueble pertenece efectivamente al gobernador con licencia, la lectura del ataque cambia de escala: deja de ser únicamente un hecho policial para convertirse en un episodio con carga política y simbólica.
En este escenario, el atentado se interpreta como un mensaje de presión en una entidad donde la violencia organizada coexiste con las estructuras institucionales.
Más allá de la autoría material, el ataque a la que fuera su casa por años se lee en clave de advertencia o reacomodo de fuerzas.
En un contexto como el de Culiacán, la frontera entre lo criminal y lo político se difumina, y los hechos adquieren significados que trascienden la escena inmediata para insertarse en una narrativa de control territorial e incertidumbre institucional.
Redacción/LaPared