Ciudad de México.- En un giro que expone las contradicciones de la narrativa oficial, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la apertura de indagatorias que tocan directamente a las cúpulas del poder en Sinaloa y Chihuahua.
Lo que institucionalmente se presenta como un ejercicio de legalidad, opera en los hechos como una maniobra de control de daños ante las presiones y avances judiciales de los Estados Unidos.
El anuncio de la FGR de citar a comparecer a las personas vinculadas al caso Sinaloa —entre ellas el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya— derivado de una acusación formal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, choca de frente con el discurso sostenido desde la Presidencia de la República.
Mientras el Ejecutivo federal ha repetido que no existen delitos ni investigaciones locales en contra del mandatario estatal, exigiendo pruebas al gobierno estadounidense, la Fiscalía se ha visto obligada a abrir una carpeta de investigación formal.
Este movimiento responde a la necesidad de adelantarse a los golpes de Washington, especialmente tras confirmarse que dos de los perfiles clave implicados en el expediente —el exsecretario de Seguridad Pública estatal, el general Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas— ya cruzaron la frontera para entregarse y ponerse a disposición de las autoridades norteamericanas.
Ante la pérdida de control sobre estos exfuncionarios del gabinete de Rocha Moya, la FGR busca apresurar las comparecencias locales para asentar una versión bajo las leyes nacionales antes de que escalen los requerimientos internacionales.
Para equilibrar la balanza política, la FGR activó en paralelo el frente en Chihuahua, citando en calidad de testigos a la gobernadora Maru Campos y al exfiscal César Jáuregui.
El argumento técnico es indagar la cadena de mando tras un operativo en la Sierra del Pinal los pasados 17 y 18 de abril, donde se denunció la presencia no autorizada de agentes estadounidenses en un narcolaboratorio, sirviendo como un evidente contrapeso institucional.
La táctica de exigir pruebas al exterior mientras a nivel doméstico se abren expedientes de última hora expone un doble juego: mantener el blindaje político ante la opinión pública nacional, mientras se simula cooperación y soberanía jurídica frente a las cortes neoyorquinas.
El movimiento de la Fiscalía confirma que la presión internacional es ya insostenible, obligando al Estado a indagar lo que formalmente intentó negar.
Por Redacción/LaPared