Culiacán, Sin.– La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya realiza diligencias ministeriales derivadas de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, contra 10 ciudadanos mexicanos (aunque dos se entregaron ya) señalados presuntamente de mantener vínculos con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
A través de un comunicado oficial, la FGR detalló que las personas mencionadas en dicha acusación están siendo citadas a rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal, como parte de la carpeta de investigación abierta en México para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Además del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya también están citados el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros funcionarios y ex funcionarios del área de seguridad y procuración de justicia.
La acusación presentada en Nueva York forma parte de las investigaciones que autoridades estadounidenses han intensificado en los últimos años contra la red financiera, logística y operativa de “Los Chapitos”, identificados como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otros integrantes de esa facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, esta estructura criminal es considerada una de las principales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense, así como de operaciones de lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción de funcionarios.
El caso ha generado fuerte impacto político en Sinaloa debido a que las investigaciones alcanzan a personajes con presencia en la vida pública y empresarial del estado. La FGR subrayó que las diligencias se realizan con apego al debido proceso y bajo el principio de presunción de inocencia.
En el mismo comunicado, la Fiscalía reiteró que continuará informando sobre los avances de las investigaciones “de manera transparente y oportuna”, mientras las autoridades federales buscan determinar el alcance de las presuntas redes de colaboración política, financiera y operativa vinculadas al crimen organizado.