Un alcalde que construyó obras con su imaginación en Escuinapa
“Sí es posible y la fórmula es simple, hacer las cosas trabajando con empeño, creatividad y capacidad de gestión, porque es precisamente la falta de voluntad política y un inadecuado manejo técnico lo que mantiene a los hogares de Escuinapa en una sequía cruel e inhumana, sufriendo un deficiente servicio de agua potable”, decía durante la campaña de 2013.
Cynthia Valdez
Quién diría que ésta declaración del actual presidente municipal, Bonifacio Hernández Bustamante, cuando candidato en junio del 2013, sería lo que lo definiría a él mismo a pocos meses de concluir su gobierno.
Y es que en el descontento general de la población escuinapense con relación al actual gobierno municipal se señala la falta de voluntad para resolver los problemas del municipio, así como la comprobada ya, gestión fracasada para atraer recursos, no solo para solventar los problemas que surgen, sino para aterrizar las millonarias obras que anunció como carta de presentación.
Su principal bandera de campaña para llegar a la silla presidencial fue la promesa de una rehabilitación de la red de conducción de agua potable para que los escuinapenses no siguieran padeciendo la falta del líquido “agua las 24 horas los 365 días del año”, todos recuerdan su repetido eslogan de campaña y se recuerda aún más cuando por problemas técnicos o por falta de pago ante la CFE los pobladores llegan a estar hasta por 30 días sin una gota de agua.
El trienio de los millones perdidos
Como tarjeta de presentación en su programa de los primeros cien días de gobierno Bonifacio Hernández dio a conocer de manera escrita en una publicación de miles de ejemplares distribuida en casi en todos los domicilio, obras que cambiarían la imagen de este municipio, obras que en su conjunto suman más de 300 millones de pesos, ninguna de ellas empezada siquiera y que solo sirven para ventilar la imaginación de un munícipe que llegó a su cargo sin una idea clara de la administración pública.
Las promesas incumplidas de obras son: 70 millones para restablecer el puente de la Estacada, 60 millones para implementar el drenaje en la sindicatura de Teacapán, 50 millones para la creación de un parque fotovoltaico, 45 millones para la creación de una planta tratadora de aguas negras y 100 millones para la construcción del parque Centenario, el cuál sería el regalo a los escuinapenses en su Cien aniversario de municipalización.
El regalo que no se dio
El 20 de febrero del 2014, se recibió la visita del gobernador Mario López Valdez, y fue en esta ocasión cuando se presentó con bombo y platillo la maqueta del Parque Centenario, ese que tendría un costo de construcción de 100 millones de pesos.
El gobernador contempló la fantasía de 10 hectáreas reducidas a escala en una maqueta donde podían apreciarse áreas deportivas, teatro al aire libre, alberca de uso común, lago artificial, extensas áreas verdes, centro comercial, trenecito de paseo, ciclopista, estacionamiento público, entre otras cosas.
Sin duda fue del agrado del gobernador un proyecto como éste, pero ahí delante de los reporteros Malova, luego de felicitar a Bonifacio Bustamante por tan ambicioso proyecto, lo invitó a una reunión de “más de cerca” para que se ampliara la información sobre los costos que generaría dicha construcción y de qué manera se obtendrían los recursos.
Quedó claro que el presidente municipal no había gestionado aún recursos para dicho parque y aun así lo anunciaba como obra proyectada.
Esta promesa fue avalada por ciudadanos honorables que conformaron el Consejo Conjuntivo Pro-Construcción del Parque Centenario, quienes en sala de cabildo, en evento formal tomaron protesta para sumir este cargo, entre ellos: El doctor Arturo Rizo López, presidente de dicho consejo; Ramón Rendón García, vicepresidente; Ángel Camacho Lerma, secretario; Ernesto Rivera Valdez, pro-secretario; Francisco Narcio Trasviña, tesorero, entre otros cargos.
El Parque Centenario se entregaría a los escuinapenses en septiembre del 2015, ni siquiera se logró tener las 10 hectáreas donde se construiría el mega parque de 100 millones de pesos.
Ahorro de recursos, pero no de sueños
Otra anunciada obra, polémica por demás y que ocasionó la ausencia del alcalde, por viajes al extranjero (autorizados todos por cabildo), fue la construcción de un Parque Fotovoltaico, utilizando tecnología que permitiría que el municipio generara su propia energía y así evitar tanto a la CFE, su costo se anunció en un principio en 50 millones aunque después se dijo que sería de 100 millones de pesos.
Este parque fotovoltaico generaría energía solar: 3 mil 750 kilowatts por hora. La empresa fabricante de los paneles y supervisión del funcionamiento era consultada en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, por ello el alcalde viajó a aquel país en varias ocasiones.
“Buscamos inscribir al municipio en la ONU para poder cambiar bonos de carbón… estamos apostando a ser un municipio sustentable”, fueron las declaraciones de Hernández Bustamante.
Este parque iniciaría su construcción a finales del 2014 y estaría listo en 3 o 4 meses, según declaraciones del munícipe. Nunca se hizo.
Sin freno
Sin recato para mencionar millonarias obras sin el sustento de una gestión lograda, Bonifacio Bustamante Hernández , además de obtener el reconocimiento de un gestor fracasado, decidió convertirse en el presidente “insensible”, esto al convertirse en el primer alcalde violador de los derechos humanos al tratar de coartar la libertad de expresión del reportero y columnista Ramón Eduardo Guevara, agravando la situación que lo intentó cuando este comunicador se encontraba postrado en cama ante el padecimiento de un cáncer mortal.
Dicho reportero, que además contaba con la simpatía de los escuinapenses por conducir un programa de radio de ayuda social, coordinando a la ciudadanía para ayudarse entre ellos mismos, fue diagnosticado con el mal que atentaba su vida.
Sin embargo la esperanza se fincó en una operación en la que podría extirparse el tumor maligno, previo a dicha intervención quirúrgica se realizaron múltiples estudios que garantizaran el éxito del proceso médico, todo esto fue dado a conocer por Ramón Eduardo Guevara, a través de su columna Punto Cardinal, que se publicaba de lunes a viernes en el periódico Noreste Mazatlán.
Pero fue en el proceso de los estudios previos a la operación, cuando el presidente municipal, acompañado por un grupo de colaboradores como Sergio Barrón Gutiérrez, tesorero; Víctor Osuna, oficial mayor; José Luis Rubio, asesor del alcalde y Emanuel Rojas, asistente, acudieron a las oficinas del periódico Noroeste Mazatlán, para solicitar ante la directora Guillermina García, el cese de la publicación de la columna Punto Cardinal, por considerar que se le señalaba de manera injustificada y hasta grosera.
La intolerancia a la crítica y ante la negativa de la directora del diario, llevó al alcalde a comentar que si por ser columnista el señor Ramón Eduardo Guevara podía decir lo que quisiera, entonces él como alcalde podía hacer lo que quisiera, quedando esto registrado como una amenaza.
Dicho episodio salió a la luz en mayo del 2015, pues los administrativos del diario regional mantuvieron prudencia pues el reportero se encontraba ya en su lucha contra la muerte aunque ésta no era obstáculo; aunque no con la frecuencia deseada, el reportero seguía escribiendo su columna desde su cama de hospital.
Sin embargo, fueron los mismos funcionarios quienes se encargaron de difundir la nefasta petición del alcalde, por lo que el compañero del gremio periodístico Hugo René Páez Miramontes interpuso denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el caso fue turnado a la CEDH, quien realizó una exhaustiva investigación de seis meses y dictó tres recomendaciones al ayuntamiento, aunque para éstas fechas el reportero lamentablemente ya había fallecido.
Las recomendaciones son: Efectuar una disculpa pública a los familiares de Ramón Eduardo Guevara, Capacitar al personal del ayuntamiento en cuanto al respeto de los Derechos Humanos y otorgar una indemnización por daño moral a la esposa e hijos del reportero.
El presidente municipal y cabildo rechazaron cumplir las peticiones por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ahora lleva el caso.