Culiacán, Sin.- A Elena le pasó lo peor que le podría pasar a una mujer de su edad: fue víctima de violación siendo menor de edad y el estado de Sinaloa simplemente le están negando la posibilidad de interrumpir su embarazo de forma legal.
Todo pasó cuando la joven fue de vacaciones a su estado natal a visitar a su familia. En algún momento del mes de agosto, fue violada por un conocido, alguien se su círculo cercano y, por miedo, simplemente decidió callar y ocultarle al mundo lo que había pasado.
Elena, a quien llamaremos con ese nombre por su condición de menor, regresó a Culiacán para seguir con sus estudios junto con sus hermanos y hermanas y siguió con su vida como si nunca hubiera pasado nada.
No fue hasta este mes cuando, debido a una supuesta infección en las vías urinarias, acudió al Hospital de la Mujer para realizarse una revisión, pero fue cuando el mundo se le vino encima: le dijeron que tenía una amenaza de aborto con 16 semanas de embarazo.
Debido a que tiene periodos irregulares, la joven no sospechó que pudiera estar embarazada, pero ante el diagnóstico no tuvo otra opción que revelar la verdad.
Fue a partir de ese momento cuando los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres, como #NoSeMetanConNuestrasHijas empezaron a acercarse para conocer el caso y ayudar a Elena. Sin embargo, fue cuando empezó la negativa de las instituciones del estado a hacer valer la alerta de género: los médicos se niegan a interrumpir el embarazo de la menor debido a la objeción de consciencia del personal médico del Hospital de la Mujer y debido a que el embarazo tiene ya 16 semanas.
Aún siendo víctima de violación, una de las enfermeras que atiende a la joven se atrevió a decirle: “si abortas serás una mala madre”.
Pero en un caso de esta naturaleza, la Norma Oficial Mexicana 046 permite que se interrumpa legalmente un embarazo sin ningún tipo de objeción por parte de las instituciones públicas.
Marco legal
El primer lineamiento de la norma 046 establece que no es necesaria una denuncia ante el ministerio público para acceder a la interrupción del embarazo de manera voluntaria si es víctima de violencia sexual.
Asimismo señala que no es necesaria la autorización de los padres de familia o tutores legales para que el embarazo sea interrumpido por personal médico autorizado.
Aunque se respeta la objeción de consciencia del personal médico de las instituciones, estas deberán contar con personal especializado en este tipo de casos y no presentar ningún tipo de objeción.
Del mismo modo, el personal médico no debe poner en duda el testimonio de la víctima y actuar de buena fe en caso de que se tenga que interrumpir el embarazo y, si el hospital no cuenta con el personal capacitado para hacerlo, las víctimas deben ser canalizadas a otra institución en la que la víctima pueda ser atendida.
¿Qué se hizo?
Según el testimonio brindado por Priscila Salas, coordinadora de la colectiva #NoSeMetanConNuestrasHijas, en el Hospital de la Mujer no siguieron ninguno de los lineamientos de la alerta de género, la cual se decretó en Sinaloa desde el 31 de marzo de 2017.
Lo primero que hizo el personal del Hospital de la Mujer fue pedirle a la menor que denunciara el hecho ante un investigador del ministerio público, aún cuando esto contraviene lo establecido en la norma 046.
Asimismo el personal se ha negado a seguir los otros lineamientos de la alerta de género argumentando la objeción de consciencia.
El estado y las instituciones de salud prácticamente están obligando a una menor de edad a tener un hijo que no desea debido a que es producto de una violación.
El posicionamiento de la Secretaría de Salud, a través de su director jurídico, Melvin Noé Márquez Harper, fue que en este caso se debe respetar la objeción de conciencia por parte del personal médico.
Es el único posicionamiento oficial que se ha dado hasta el momento, los otros organismos que ven por los derechos de las mujeres y brindan protección en caso de violencia contra ellas han guardado silencio.
Fuente: Elier Lizárraga/CulichiNews