Culiacán, Sinaloa.– En medio de los 16 días de activismo contra la violencia de género, la titular de la Unidad Técnica de Evaluación del Congreso del Estado, Silvia Alejandra Pineda Prado, hizo pública una carta en la que denuncia acoso laboral, presiones para renunciar, amenazas e incluso la retención de su salario por parte de autoridades legislativas.
En su escrito, la funcionaria afirma que desde el 20 de octubre ha sido objeto de presiones directas para presentar su renuncia “voluntaria”.
“Desde el día 20 de octubre del presente año se me ha estado presionando, acosando y amedrentando por diversas autoridades del H. Congreso del Estado para presentar mi renuncia ‘voluntaria’, diciéndome que es una instrucción que viene de arriba y que la tienen que acatar. A lo cual no accedí”, señaló.
Tras negarse a renunciar, Pineda relata que el 6 de noviembre recibió un documento de la Comisión de Fiscalización donde se le notificaba una supuesta causal de remoción.
“Se me señala la omisión de proponer ante la Comisión de Fiscalización los lineamientos para el funcionamiento de la Unidad Técnica de Evaluación”, explica.
Sin embargo, afirma haber cumplido con tales obligaciones:
“En siete ocasiones se han propuesto documentos para el funcionamiento de la Unidad Técnica de Evaluación… lineamientos, manuales, procedimientos, manuales metodológicos e indicadores de resultados”, asegura.
Denuncia retención de salario
En la carta, Pineda Prado también acusa que desde la primera quincena de noviembre dejó de recibir su salario, por lo que presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control.
“La primera quincena del mes de noviembre ya no se me pagó”, indica.
Asimismo, señala haber enviado oficios el 14 de noviembre al presidente de la Comisión de Fiscalización, Eligio López Portillo; a la presidenta de la Jucopo, María Teresa Guerra Ochoa; a la directora administrativa, Carmen Alicia Amézquita; y a la secretaria general, Dra. Consuelo Gutiérrez. Dichos oficios no habrían recibido respuesta.
“A la fecha no se me ha pagado mi salario y ninguna de las cuatro autoridades mencionadas dio respuesta… están afectando mis derechos y garantías laborales”, acusa.
“No voy a renunciar aunque me amenacen”
La funcionaria afirma que, pese a las presuntas amenazas de inhabilitación, no renunciará a su cargo.
“Es un acto de arbitrariedad el que están cometiendo conmigo, pero no voy a renunciar aunque me amenacen con que hasta me van a inhabilitar”, sostiene.
Con 12 años de experiencia en fiscalización y evaluación, Pineda dijo mantener su postura por convicción profesional y ética.
“Mis valores y mis convicciones no son negociables… prefiero que mi trabajo esté bien hecho, aunque incomode, aunque quizá me cueste mi puesto”, afirma.
También denunció que fue excluida de una conferencia programada en la Semana del Economista de la UAS presuntamente por órdenes superiores.
“Alzo la voz”
La carta cerró con un mensaje firme:
> “Hoy, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, alzo la voz por mí y la injusta situación laboral que estoy viviendo en el H. Congreso del Estado de Sinaloa”.
Pineda concluye citando un pasaje bíblico al que dice aferrarse durante esta situación.
Hasta el momento, ninguna de las autoridades mencionadas ha emitido un posicionamiento público.