La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, solicitó oficialmente un aplazamiento de 90 días para la audiencia en la que se prevé dictar su sentencia, actualmente programada para el 12 de enero de 2026.
En un escrito dirigido al juez Brian M. Cogan, el abogado Frank A. Pérez argumenta que necesita más tiempo para preparar el “memorándum de sentencia” y recopilar evidencia atenuante que respalde la postura de su cliente.
Según el documento, una parte sustancial de la información proviene de personas que viven en regiones de México donde la violencia y la inestabilidad han aumentado, lo que ha complicado entrevistas, cartas de apoyo y recolección de testimonios esenciales.
“Se trata de una solicitud de buena fe, destinada únicamente a garantizar que se presenten todos los elementos pertinentes para la evaluación de la sentencia”, señala el escrito.
La fiscalía, representada por el asistente Francisco J. Navarro, no se opone al aplazamiento, lo que aumenta las posibilidades de que el juez lo conceda. De aprobarse, la audiencia se reprogramaría para abril de 2026, retrasando la decisión final sobre la condena de Zambada.
Un caso de larga data
Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 ante una corte federal de Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico bajo la Ley RICO, incluyendo importación y distribución de drogas, así como sobornos a autoridades mexicanas durante décadas.
El aplazamiento solicitado por su defensa busca presentar un paquete completo de evidencias atenuantes, que podría influir en la severidad de la condena.
Entre ellas se incluyen testimonios, documentos y cartas de apoyo de personas vinculadas a su entorno en México, cuya recopilación se ha visto dificultada por la violencia y la inseguridad en ciertas regiones.
Qué significa para México y EE.UU.
El caso mantiene la atención internacional por la relevancia de Zambada en el narcotráfico y la cooperación judicial entre México y Estados Unidos. Para la defensa, cada día adicional permite construir un expediente más sólido; para el sistema judicial estadounidense, representa un trámite que debe equilibrar derecho a la defensa con la urgencia de dictar sentencia en casos de alto perfil.