Culiacán, Sin.- Un segundo revés sufrió la alianza Va por Sinaloa encabezada por el candidato a gobernador Mario Zamora Gastélum al sancionarlo a él, a otros candidatos y a funcionarios del gobierno de Quirino Ordaz Coppel de usar recursos en su favor.
Anoche, el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa declaró la existencia de la infracción. Los sancionados son Mario Zamora Gastélum, candidato a la gubernatura de Sinaloa; José de Jesús Gálvez Cázares, Secretario de Innovación del Gobierno del Estado de Sinaloa; Evelio Plata Inzunza, Secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sinaloa; Manuel Esteban Tarriba Urtuzuastegui, Secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa; Héctor Orrantia Coppel, candidato al distrito electoral 15; Bernardino Antelo Esper, candidato al distrito electoral 03.
El sábado pasado el TESIN impuso una multa al candidato del PRI, PAN y PRD a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum y Guadalupe Iribe, candidata a la presidencia municipal de Badiraguato y al titular de la Coordinación de Comunicación social del gobierno del estado por la publicación de boletines de su campaña en el portal oficial de internet del gobierno estatal.
La presidenta del TESIN, Aída Inzunza Cázarez y el resto de los magistrados declararon existente la infracción relativa al uso indebido de recursos públicos que denunciaron previamente los partidos políticos Morena y PAS al advertir que utilizaron en diversos actos de campaña y en el contenido de la propaganda electoral, frases similares o alusivas a las usadas públicamente por el Gobierno del Estado (¡Puro Sinaloa!), beneficiándose con una marca registrada institucional (logo puro Sinaloa Calidad), con lo cual se ha creado un impacto en la equidad de la contienda electoral, violando el principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos.
Así a Mario Zamora Gastélum le impusieron una multa de 89 mil 620 pesos.00; y a los candidatos Héctor Orrantia Coppel y Bernardino Antelo Esper, una multa de 35 mil 848 pesos.
Respecto a los servidores públicos denunciados, José de Jesús Gálvez Cázares, Evelio Plata Inzunza y Manuel Esteban Tarriba Urtuzuástegui, se decidió enviar una copia certificada de la sentencia y del expediente a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, con la finalidad de que inicie el procedimiento administrativo de responsabilidades correspondiente.
Para la mayoría de las magistraturas integrantes del Tribunal, del análisis de las pruebas aportadas por Morena y PAS, así como de las diligencias realizadas por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) como autoridad instructora, se establece que tuvieron por acreditadas las conductas mencionadas por el uso parcial de la marca que contiene la frase “Puro Sinaloa” por parte de los candidatos denunciados, la publicación de boletines de la campaña de Mario Zamora Gastélum en la página oficial de Gobierno y la asistencia de los secretarios estatales de Pesca y Acuacultura y Agricultura y Ganadería a eventos proselitistas en favor del mencionado candidato a la gubernatura.
Posicionamiento de la alianza Va por Sinaloa
En su posicionamiento, Va por Sinaloa señaló que están ante una actuación a todas luces arbitraria de parte del Tribunal Electoral, pues las y los magistrados dieron la sanción a base de meras inferencias y a partir de un estudio basado en premisas falsas respecto del uso de una marca gubernamental, su aprovechamiento y cálculo para efectos electorales, se aparta del todo de las leyes vigentes en la materia, obviando el carácter de estricto derecho que tienen los procedimientos sancionadores.
“Vemos con mucha preocupación de que un Tribunal que debe de ajustar necesariamente su actuación a los principios rectores de la función electoral, a decir de la legalidad, la certeza, la imparcialidad, la independencia, la objetividad y la máxima transparencia, pareciera más enfocado a erigirse en un tribunal de conciencia en donde se resuelve al leal saber y entender de cada uno de sus integrantes y no con base en los postulados y principios establecidos en el sistema jurídico electoral”, señaló la alianza.
“Rechazamos categóricamente las sanciones económicas impuestas a nuestros candidatos, y desde luego habremos de emprender los medios de impugnación en extensión a la cadena impugnativa admisible del sistema respectivo.”
“El proyecto desde luego carece de sustento jurídico y de los estudios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos por la propia jurisprudencia. El ejercicio de motivación se advierte profundamente cargado de una postura a todas luces parcial. Violenta el derecho a la libertad de expresión, pero sobre todo, presume indebidamente que el empleo de una frase hace remisión a toda una marca registrada, que no necesariamente se constituye por esas expresiones sino por el resto de símbolos, trazos, elementos literales y para los contextos que su propio registro formalmente señala.”
“Lo estamos entendiendo claramente, no existen condiciones de imparcialidad en la esfera de ese Tribunal, por ello haremos valer la defensa de los derechos políticos de nuestras candidaturas ante las instancias de superior jerarquía y a través de los mecanismos legales previstos en la Legislación Electoral vigente.”