La reforma constitucional establece que todas las personas deberán tener acceso a una vivienda digna, con servicios básicos y condiciones de habitabilidad, bajo principios de igualdad y no discriminación.
Culiacán, Sin.— El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución Política estatal para reconocer y garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de una vivienda adecuada, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, diputadas y diputados avalaron la modificación de la fracción XI del artículo 4 Bis B de la Constitución local, con el propósito de fortalecer el reconocimiento del derecho a la vivienda y establecer las bases legales para facilitar su acceso.
La reforma fue elaborada a partir de iniciativas presentadas por separado por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Moncerrat López López.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la legislación correspondiente deberá establecer los instrumentos, mecanismos y apoyos necesarios para avanzar en el cumplimiento de este derecho.
El concepto de vivienda adecuada no se limita a contar con un espacio físico para habitar, sino que contempla condiciones indispensables para el bienestar de las familias, como disponibilidad de servicios básicos, habitabilidad, accesibilidad, ubicación apropiada, asequibilidad económica y adecuación cultural.
Con esta modificación constitucional se busca establecer un marco jurídico que permita impulsar políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vivienda de la población sinaloense, particularmente de quienes enfrentan dificultades para acceder a espacios habitacionales adecuados.
Reforma será enviada a los 20 ayuntamientos
Debido a que se trata de una modificación a la Constitución Política del Estado, el procedimiento legislativo requiere la participación de los municipios.
Por ello, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Moncerrat López López, instruyó remitir el decreto aprobado a los 20 ayuntamientos de Sinaloa, para que sus respectivos cabildos analicen la reforma y emitan el voto correspondiente.
Los gobiernos municipales tendrán un plazo de 15 días para pronunciarse, conforme al procedimiento constitucional establecido.
Una vez concluida esta etapa y cumplidos los requisitos legales, la reforma podrá continuar su proceso para entrar en vigor.
El reconocimiento constitucional del derecho a una vivienda adecuada representa un avance normativo, aunque su aplicación efectiva dependerá de los programas, recursos presupuestales y mecanismos que establezcan las autoridades para garantizar su cumplimiento.