POR REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO.- A dos años de la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México, el ejercicio del periodismo continúa marcado por la violencia, las amenazas y el desplazamiento forzado. En un balance presentado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), la organización internacional informó que 18 periodistas han sido asesinados durante los primeros 24 meses del gobierno federal, mientras que apenas el 27 % de los 22 compromisos asumidos por la mandataria registra algún avance y ninguno presenta resultados significativos.
La violencia contra la prensa no se limita a los asesinatos. Detrás de las amenazas de muerte y las agresiones también está el desplazamiento forzado de reporteros que se ven obligados a abandonar sus hogares para proteger sus vidas. En distintas regiones del país, periodistas locales han tenido que dejar atrás sus comunidades tras publicar información sobre el crimen organizado o denunciar redes de corrupción. El resultado es el debilitamiento de la cobertura informativa en zonas donde el miedo y las amenazas restringen el ejercicio periodístico.
Durante una reunión con una delegación de RSF, encabezada por su director general, Thibaut Bruttin, autoridades federales reconocieron los retrasos en la implementación de los compromisos de protección acordados en 2024. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, planteó revisar caso por caso los homicidios de periodistas que permanecen impunes, con el propósito de identificar los obstáculos que han impedido el avance de las investigaciones, además de acelerar la descentralización de las políticas de protección hacia los estados.
En el encuentro también participaron las titulares de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A los compromisos anunciados se sumó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, quien ofreció reforzar la capacitación de los ministerios públicos.
Sin embargo, las cifras de procuración de justicia reflejan la dimensión del rezago. Entre 2010 y 2026, la FEADLE abrió cerca de dos mil investigaciones, pero únicamente obtuvo 53 sentencias condenatorias. De acuerdo con los datos atribuidos a RSF, la impunidad en los homicidios de periodistas alcanza el 99 %: en 168 de los 169 crímenes documentados por la organización no se ha logrado identificar al autor intelectual ni establecer el móvil.
La falta de resultados también pone en entredicho la eficacia de los mecanismos de protección. Algunos de los periodistas asesinados contaban con medidas preventivas o habían denunciado agresiones antes de ser víctimas de homicidio. A este panorama se suma, según la información presentada, el desmantelamiento de parte de la estructura operativa de la fiscalía especializada a principios de 2026.
Las condiciones para ejercer la libertad de prensa también están marcadas por las tensiones entre el poder público y los medios de comunicación. Aunque desde el Gobierno federal se han condenado determinados crímenes contra periodistas, persisten los señalamientos y discursos descalificadores contra medios y reporteros críticos. A ello se añade la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en diciembre de 2024 y la transferencia de sus funciones a una dependencia del Ejecutivo, un cambio que ha generado cuestionamientos sobre las garantías de acceso a la información pública, fundamental para el periodismo de investigación.
En el ámbito penal local, el balance también señala la derogación del delito de calumnia en Zacatecas, en septiembre de 2026, como el único retroceso registrado en ese rubro.
Al cierre de su visita, Thibaut Bruttin advirtió sobre la gravedad de los asesinatos y el exilio de periodistas locales en México, un fenómeno que afecta tanto la seguridad de quienes informan como el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre en sus comunidades.
A dos años del inicio de la administración de Sheinbaum, los compromisos institucionales siguen pendientes de traducirse en resultados concretos. Para el gremio periodístico, el desafío continúa siendo garantizar condiciones de seguridad, investigaciones eficaces y mecanismos de protección que permitan informar sin que las amenazas, el desplazamiento o el riesgo de perder la vida formen parte del ejercicio cotidiano de la profesión.
Redacción/La Pared