Culiacán, Sin.- En medio de la crisis que enfrenta el sector agrícola por los altos costos de producción, los bajos precios del maíz y el trigo y la falta de apoyos para la agricultura comercial, el secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa, Agustín Espinoza Laguna, cuestionó la campaña internacional que busca frenar la construcción de la planta de fertilizantes GPO en Topolobampo y pidió transparentar quién financia dicha oposición.
El dirigente señaló que, aunque cualquier proyecto debe cumplir con la legislación ambiental, también es necesario conocer qué organizaciones, recursos e intereses respaldan las acciones emprendidas incluso fuera de México para impedir el financiamiento de la planta.
Espinoza Laguna consideró inusual que un conflicto regional haya escalado hasta Alemania para ejercer presión sobre organismos financieros internacionales y sostuvo que la sociedad tiene derecho a conocer tanto los estudios ambientales del proyecto como el origen de los recursos y alianzas de quienes buscan detenerlo.
Asimismo, lamentó que mientras existe una intensa movilización contra la planta de fertilizantes, no haya campañas similares para denunciar la crisis que padecen miles de productores mexicanos.
“No vemos manifestaciones internacionales por los precios ruinosos del maíz y del trigo. No vemos campañas globales por el cierre de miles de unidades de producción. No vemos protestas frente a los bancos por el endeudamiento de las familias campesinas”, expresó.
El líder campesino afirmó que los opositores no han presentado alternativas para garantizar el abasto de fertilizantes, un insumo que calificó como indispensable para la producción de alimentos, y advirtió que México difícilmente fortalecerá su soberanía agroalimentaria mientras dependa de insumos importados.
Finalmente, sostuvo que la discusión debe considerar no solo el impacto ambiental, sino también las implicaciones económicas, sociales y de seguridad alimentaria. Reiteró que los agricultores de Sinaloa exigen un debate transparente, sustentado en evidencia científica y con plena rendición de cuentas de todos los actores involucrados.
“El futuro del campo mexicano no puede decidirse desde oficinas internacionales; primero debe escucharse la voz de quienes todos los días trabajan la tierra”, concluyó.