Cimbra el Congreso caso de la diputada acusada de visitar al Chapo
Culiacán, Sin.-Pese a que los líderes que manejan el Congreso del Estado, tanto el diputado el PAN, Francisco Solano Urías, presidente de la Mesa Directiva, y Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso no lo externan, el caso de la ya ex diputada Lucero Guadalupe Sánchez López cimbró al Poder Legislativo sinaloense.
Y es que a decir del diputado Ramón Lucas Lizárraga, el procedimiento que dejó correr el Congreso del Estado para separar a Lucero de su cargo fue violentando la autonomía del Poder Legislativo estatal, pues el juicio de procedencia, al ser enviado por la Cámara de Diputados federal, tenía que haber sido votado por los legisladores sinaloenses.
“Este tema debe de ser debidamente analizado por la Cámara, y mi propuesta inicial es que devolvamos el dictamen a la Cámara federal de diputados, y decirle que respete a esta Cámara, a las facultades que tiene esta Cámara para definir sobre los temas de su competencia, nosotros no somos mandaderos de la Cámara federal de diputados, como nos quieren hacer aparecer el día de hoy”, puntualizó Lucas Lizárraga al exponer el tema.
Sin embargo, Francisco Solano Urías se hizo de la vista gorda, y el martes 28 de junio, en el Pleno, se le dio lectura a un breve documento en donde nada más se informaba la resolución aprobada por el Congreso de la Unión, en donde por mayoría se desaforaba a Sánchez López, sin fórmula de juicio.
Ese mismo día, el presidente de la Mesa Directiva declaró a los medios que la diputada quedaba separada del cargo, dejándola en la indefensión.
Oídos sordos
Enredado a más no poder el caso, con la presión de la Legislatura nacional, Lucas Lizárraga envió un documento a Solano Urías el 30 de junio en donde le solicitó turnar al Congreso de la Unión la resolución de desafuero, al no concordar con lo que dicta la Constitución estatal.
De acuerdo con el artículo 136, párrafo segundo, del máximo mandamiento legal sinaloense, el Congreso estatal tenía que resolver si ha lugar el procedimiento.
“Tratándose de delitos federales imputados al Gobernador, a los Diputados o Magistrados, previa declaratoria del Congreso de la Unión, la Legislatura Local resolverá si ha lugar a proceder en contra de los servidores públicos mencionados, para solo efecto de dejar expedita la actuación de las autoridades competentes”.
Es decir, en palabras del Lucas Lizárraga, en Sinaloa el Legislativo debió someter el documento federal ha lugar, cosa que no se realizó debido a que nada más se leyó sin opinión del órgano local.
También la diputada del partido Nueva Alianza expresó que el congreso federal debería tener más respeto por ellos los diputados locales, pues en su caso estaba solidarizada con Sánchez López.
Sin embargo, sin explicar más, el Congreso borró a Lucero Sánchez de su portal oficial, y desde entonces en las sesiones su nombre fue eliminado del pase de lista.
Otra violación
Lucas Lizárraga expresó que también el Congreso cayó en una irregularidad al no llamar de inmediato a la diputada suplente Sarahí Guadalupe García Delgado, afiliada al Partido del Trabajo, pues si con Lucero sacada de la lista, la Ley Orgánica contempla tomar protesta a la persona.
De hecho, García Delgado se presentó al Congreso, pero no fue atendida por Solano Urías, quien declaró el pasado martes que analizarían su ingreso a la Cámara, por lo que dio un plazo no mayor a 10 días.
El caso se enredó más, pues a decir del diputado del Partido del Trabajo Leobardo Alcántara, Sánchez López fue desaforada, mas no separada del cargo, por lo que era un error que no asistiera a las sesiones con normalidad.
En tanto se resuelve, Lucero Sánchez ha permanecido “ilocalizable” para los medios de comunicación, de las pocas cosas que se saben es que está solicitando un amparo de la justicia federal ante dos juzgados de distrito de Culiacán, uno contra una posible orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, hasta la fecha no existe un mandamiento judicial de parte de la autoridad federal para aprehenderla por el delito de falsificación y eventualmente delincuencia organizada.
Del primero ya hubo consecuencias, al ser despedido la oficial del Registro Civil de Cosalá, que según la PGR fue quien emitió un acta de nacimiento falsa de la diputada para sacar una credencial de elector, misma que presuntamente usó para ingresar al penal federal de El Altiplano para visitar al Chapo Guzmán.
En la averiguación previa, no hay propiedades o señas de enriquecimiento de su parte en donde conste que tenga una fortuna gracias al narcotráfico.
Redacción